En Puebla, hasta tener una casa y conservarla parece demasiado pedir. Helga Mariana Ramírez Toris, quien encabezaba el Registro Público de la Propiedad, fue separada del cargo mientras la Fiscalía y la Secretaría Anticorrupción investigan la denuncia de su abuela, una mujer de 80 años que asegura que intentaron despojarla de la vivienda donde ha vivido durante cinco décadas.
Lo más delicado es que hablamos de una funcionaria cuya responsabilidad estaba relacionada precisamente con la certeza jurídica del patrimonio inmobiliario. La denunciante también acusa la desaparición de documentos de propiedad. Si quienes deben garantizar la seguridad jurídica de una vivienda terminan señalados por presuntamente vulnerarla, ¿en quién puede confiar la gente?