¡Se acabó la corrupción! ¡Se acabaron las adjudicaciones directas en el gobierno! ¿Dónde quedaron esos dichos que tanto presumía la 4T?
Y es que en Puebla, como seguramente pasa en el resto del país, las adjudicaciones directas que tanto criticó la 4T por ‘oler a corrupción’ sigue más vigente que nunca.
Por ejemplo, el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM) exhibió que, de 2020 a 2021, el gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta aumentó 167 por ciento el monto pagado en obra pública por adjudicación directa.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha señalado al gobierno del morenista por este asunto en diversas ocasiones, pidiendo que elimine este método; pero en lugar de hacerlo, lo ha incrementado.
Como muestra, los datos: En 2020 se pagaron 120 millones 70 mil 998 pesos, pero para el año siguiente el monto incrementó a 321 millones 329 mil 628 pesos.
Con este monto, en total fueron 52 empresas o personas físicas las contratadas por el gobierno estatal para ejecutar obra pública en 2021.
Y es que bajo el manto sagrado de la 4T, todo lo que criticaron los morenistas que estaba mal y se debía erradicar, ahora es permitido y se replica con mayor magnitud.
