A Graciela Palomares, diputada de Morena, los 206 mil 547 pesos que el Congreso de Puebla asignó a cada legislador para promocionar su segundo informe le resultaron insuficientes. Según declaró, debía pagar un video, un evento en la Casona María, publicidad en su distrito y convenios con medios. El Congreso repartió una bolsa de 8.4 millones de pesos entre sus 41 diputados.
¿En serio no alcanza? En un estado donde las familias hacen malabares para pagar comida, transporte y servicios, los diputados consideran que más de 200 mil pesos no bastan para contarle a la gente qué hicieron durante un año. Y todavía falta preguntar cuánto de esa promoción sirve para rendir cuentas y cuánto para posicionar nombres rumbo a 2027.
En la Fiscalía, mientras tanto, Idamis Pastor asegura que Cellebrite no será utilizado para espiar a periodistas ni activistas, sino para realizar análisis forenses de teléfonos asegurados durante investigaciones. La herramienta puede desbloquear dispositivos y extraer información, incluidos archivos y mensajes eliminados. La licitación contempla dos equipos y capacitación para ocho elementos.
La explicación de la fiscal no elimina las dudas. Una tecnología capaz de acceder a información privada necesita reglas claras: quién puede autorizar su uso, sobre qué dispositivos, bajo qué control judicial y cómo se garantiza que los datos no terminen en manos equivocadas. Que la Fiscalía diga que no es para espionaje no sustituye la obligación de transparentar sus límites y mecanismos de vigilancia.
Para promocionar un informe, más de 206 mil pesos pueden parecer poco; para acceder a la información que guardamos en el celular, la tecnología puede llegar muy lejos. Lo que falta saber es qué controles acompañarán ese poder.