El Poder Judicial de la Federación (PJF) en Puebla se unió a la protesta nacional, que está en contra del nuevo mecanismo de evaluación de desempeño de los trabajos judiciales.
Esta mañana las instalaciones del PJF, ubicadas en San Andrés Cholula, amanecieron cerradas y con accesos asegurados con cadenas como parte de la protesta. Los trabajadores del Sexto Circuito del PJF suspendieron actividades y realizaron manifestaciones en las inmediaciones del edificio.
Esta movilización forma parte de una protesta nacional contra el nuevo mecanismo de evaluación de desempeño de los trabajadores judiciales, la inconformidad radica en que las evaluaciones puedan utilizarse para condicionar la permanencia de los empleados en sus puestos de trabajo, ya que el examen de conocimientos representa solo el 40% de su evaluación, mientras que el criterio de otros indicadores de desempeño y valoraciones equivale al 60%.
Los trabajadores cuestionan la participación de superiores jerárquicos en la evaluación y señalan que esto podría generar decisiones arbitrarias, favoritismo y presiones personales, afectando la objetividad del proceso. Han declarado que no se oponen a recibir capacitaciones ni evaluaciones profesionales, pero buscan un mecanismo que no ponga en riesgo su estabilidad laboral.
El paro comenzó el jueves 5 de noviembre en el estado de Morelos. Más de mil trabajadores del Décimo Octavo Circuito suspendieron actividades y cerraron las sedes de Cuernavaca y Xochitepec desde el mediodía. Posteriormente, en la madrugada del viernes 6 de noviembre, los trabajadores del Palacio de Justicia Federal de San Lázaro en la Ciudad de México iniciaron formalmente lo que llamaron un paro nacional.
Durante la mañana del viernes, las convocatorias y acuerdos entre sedes comenzaron a sumar trabajadores de otros circuitos judiciales, extendiendo las protestas a 17 entidades federativas, entre ellas se encuentran: Nuevo León, Veracruz, Guanajuato, Nayarit, Michoacán, Chiapas, Estado de México, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Durango, extendiendo así la suspensión de labores en 40 sedes.
