Puebla continúa registrando cientos de reportes de personas desaparecidas o no localizadas cada año, con un ritmo que en 2026 alcanzó aproximadamente 136 carpetas al mes, es decir, cerca de nueve personas desaparecidas cada dos días, de acuerdo con un análisis publicado por El Universal Puebla.
El corte estatal más reciente, difundido por el gobierno de Puebla, documenta 933 reportes entre el 14 de diciembre de 2024 y el 10 de junio de 2026, de los cuales 746 personas fueron localizadas y entregadas a sus familias, una efectividad del 80 por ciento. Otro corte, correspondiente al periodo del 1 de enero al 25 de julio de 2026, reportado por El Popular, documentó 998 personas reportadas, 839 localizadas y 159 sin localizar.
Un dato que ha generado particular preocupación es que cuatro de cada diez casos corresponden a jóvenes, según un análisis publicado en septiembre de 2026 por ese mismo medio. De hecho, entre el 1 de enero y el 18 de septiembre de este año se contabilizaron 2 mil 619 reportes de jóvenes de entre 15 y 30 años.
Las cifras acumuladas de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla reportan un histórico de más de 2 mil 400 personas localizadas y 960 en proceso de búsqueda, lo que representa una efectividad histórica del 71.6 por ciento. En lo más reciente, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó la localización con vida de 55 personas entre el 5 y el 13 de octubre, y de nueve personas más, cinco de ellas menores de edad, el pasado 5 de noviembre.
Pese a estas cifras, la relación entre los colectivos de búsqueda y el gobierno estatal ha estado marcada por episodios de tensión.
En junio de 2026, el colectivo La Voz de los Desaparecidos en Puebla denunció haber sido víctima de intimidación, encapsulamiento y empujones por parte de elementos de seguridad estatal durante una manifestación pacífica realizada a las afueras del estadio Cuauhtémoc, en el marco de un partido del Mundial 2026.
El colectivo cuestionó que el gobierno estatal «eligió cuidar la imagen del espectáculo antes que garantizar el derecho a la memoria, a la búsqueda y a la manifestación», en contraste con el despliegue de recursos y logística destinado al torneo deportivo. El entonces secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, negó las acusaciones de represión y aseguró que el operativo policial respondió únicamente al protocolo de seguridad del partido.
Meses después, el 30 de agosto, familiares de víctimas de desaparición forzada marcharon nuevamente en la entidad para exigir resultados concretos en las búsquedas, bajo la consigna de que su lucha no se trata de carpetas administrativas, sino de encontrar con vida a sus seres queridos.
A la tensión se sumó la destitución del entonces comisionado de Búsqueda de Personas, Luis Javier Cervantes Gómez, decisión que diversos colectivos lamentaron al señalar que ocurrió sin notificación previa ni una evaluación pública de su desempeño, y exigieron mayor claridad sobre los criterios detrás del relevo.
