–La Auditoría Superior de la Federación detectó más de 9 mil millones de pesos sin aclarar en el gasto de 2025; los municipios concentran la mayor parte de las observaciones
Puebla figura entre las entidades que debieron devolver recursos federales a la Tesorería de la Federación luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectara irregularidades en el ejercicio del gasto público durante 2025, de acuerdo con la segunda entrega de informes individuales presentada este viernes ante la Cámara de Diputados.
El órgano fiscalizador reportó un total de mil 132 millones de pesos reintegrados por distintos gobiernos estatales, de los cuales más de 553 millones correspondieron al sector salud. Puebla aparece en esa lista junto con Nayarit, Guanajuato, la Ciudad de México, Oaxaca, Sonora, Morelos, Tabasco, Jalisco, Guerrero y Baja California, aunque el auditor Aureliano Hernández Palacios Cardel no desglosó cuánto correspondió a cada estado.
En total, la ASF documentó más de 9 mil millones de pesos pendientes de aclarar en la Cuenta Pública 2025, cifra que incluye 374 auditorías realizadas a entidades federativas, instituciones federales y municipios. El auditor precisó que estos montos corresponden a observaciones dentro del proceso de fiscalización y, por sí mismos, no equivalen a desvíos comprobados.
El bloque más señalado fue el municipal: 42 ayuntamientos revisados en esta entrega no lograron acreditar documentalmente el destino de más de 5 mil 200 millones de pesos en recursos federales que recibieron. Hernández Palacios explicó que la ASF fiscaliza actualmente a más de mil 200 municipios y alcaldías en todo el país, cuyos resultados se conocerán, en su mayoría, hasta febrero de 2027. Para enfrentar la falta de documentación derivada de los cambios de administración municipal, propuso crear una plataforma donde los gobiernos salientes depositen directamente en servidores de la ASF la información pendiente de revisión, y advirtió que procederá legalmente contra quienes obstaculicen las auditorías negando información.
En el plano federal, el órgano fiscalizador observó 2 mil 327 millones de pesos entre el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, mientras que las revisiones a estados sumaron más de mil 200 millones de pesos sin aclarar, concentrados principalmente en los rubros de educación y salud.
Más allá de las cifras, el titular de la ASF informó que, durante los primeros seis meses de su gestión, la institución presentó 40 denuncias penales por hechos como obras pagadas y nunca ejecutadas, equipo médico de alta especialidad extraviado, y documentación presuntamente falsa usada para simular el cumplimiento de cuotas de seguridad social. A ello se suman 60 acciones promovidas ante el SAT y el IMSS para revisar incumplimientos fiscales y de seguridad social entre proveedores que trabajan con dinero público, así como nueve denuncias por presuntas prácticas de “coyotaje” —un fenómeno que, aclaró el auditor, la ASF no reconoce ni opera con gestores o despachos intermediarios propios.
Entre los casos de mayor relevancia mediática de esta entrega destaca una investigación abierta por posibles irregularidades en la plataforma utilizada para el examen de admisión de la UNAM, luego de que, según el auditor, el propio rector de la universidad solicitara la intervención de la ASF. Como parte de las diligencias, la institución aseguró de manera precautoria los servidores y repositorios de información de la empresa que prestó el servicio, con el fin de evitar que se eliminaran pruebas.
De cara al futuro, Hernández Palacios adelantó que la ASF impulsa convenios con la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Antimonopolio para detectar conflictos de interés y colusión entre proveedores del gobierno, además de trabajar en una propuesta de reforma constitucional que le permitiría sancionar directamente y recuperar con mayor rapidez los recursos mal ejercidos.