Entre enero de 2022 y septiembre de 2026, México acumuló 113 homicidios y desapariciones de personas defensoras de derechos humanos. De ese total, sólo cuatro casos han terminado en una sentencia condenatoria. El dato, denunciado por organizaciones de la sociedad civil ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: 96.5 por ciento de impunidad.
Es el sistema funciona con una capacidad casi nula para perseguir a quienes atacan a quienes defienden derechos. Y lo peor es no se queda en el expediente judicial, alcanca a activistas que abandonan su trabajo, comunidades que pierden representación, personas que optan por el desplazamiento antes que seguir exponiéndose sin protección alguna.
Como lo resumió el comisionado Edgar Stuardo Ralón en la audiencia: quien defiende los derechos de los demás no debería tener que defender su propia vida. Pero en México, durante estos casi cinco años, ha sido exactamente así.
El Estado mexicano salió de la audiencia con seis compromisos sobre la mesa: un plan nacional para implementar el protocolo especializado en estos delitos, un registro homologado de agresiones, una mesa de trabajo para revisar los 113 casos y la posibilidad de crear una fiscalía especializada. Son pasos en papel. La pregunta —la que debería hacerse cualquier lector de esta noticia— es si esos compromisos se van a traducir en sentencias o si se van a sumar a la larga lista de protocolos aprobados que nunca bajan a la práctica.