El miércoles 21 de octubre, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Gobierno federal aportará entre 12 mil y 13 mil millones de pesos para construir el acueducto sustituto Chapala–Guadalajara y realizar obras relacionadas con el sistema El Zapotillo. La mandataria afirmó que la Federación aportará los recursos necesarios y que buscará una solución que evite el endeudamiento y permita atender la crisis de agua potable que afecta a millones de habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara.
Esta decisión modifica los planes iniciales del gobernador Pablo Lemus, quien había propuesto un esquema de participación privada para construir, mantener y operar el acueducto, con compromisos financieros de largo plazo. Con el nuevo acuerdo, la Federación financiará estas obras, mientras que el gobierno estatal destinará recursos a la modernización de la planta potabilizadora de Miravalle y a infraestructura para reducir las descargas contaminantes. El cambio responde también a las preocupaciones expresadas por Sheinbaum sobre los modelos que podrían conducir a la privatización del servicio.
El anuncio se produce después de las manifestaciones realizadas en Guadalajara para exigir agua limpia y rechazar la privatización, la movilización ciudadana colocó la crisis en el centro de la discusión pública y aumentó la presión sobre las autoridades para encontrar una solución.
La participación de la población jalisciense ha sido fundamental para visibilizar el problema y exigir respuestas. Ahora, el reto será vigilar que los recursos se utilicen con transparencia y que las obras garanticen agua potable de calidad, sin comprometer las finanzas públicas ni convertir el acceso al agua en un negocio.