En Puebla las prioridades del gobierno empiezan a quedar peligrosamente claras.
Mientras Alejandro Armenta anuncia con entusiasmo una inversión de mil millones de pesos para la modernización del aeropuerto —coordinada además por organismos empresariales—, más de 3 mil estudiantes marchan para pedir colchones, literas, comida, pizarrones y plazas para maestros que llevan años trabajando sin certeza laboral.
Aquí no estamos hablando de lujos. Los estudiantes no salieron a pedir privilegios ni megaproyectos; salieron a exigir condiciones mínimas para estudiar y vivir.
Trescientas camas, subsidios alimenticios para comedores donde comen miles de jóvenes, mobiliario para escuelas y bases para docentes que sostienen planteles completos prácticamente por voluntad propia. Y la respuesta del gobierno fue recibirlos con rejas cerradas y dispositivos de seguridad en Casa Aguayo.
Aquí aparece la pregunta incómoda: ¿dónde están las prioridades?
Porque para atraer inversión, modernizar aeropuertos y proyectar infraestructura sí hay rapidez, coordinación y anuncios espectaculares.
Pero cuando se trata de educación pública, de jóvenes pobres o de maestros sin plaza, el gobierno se vuelve lento, burocrático y silencioso.
Puebla puede destinar mil millones para un aeropuerto y al mismo tiempo no resolver la demanda de unos colchones para estudiantes que vienen de la Sierra Norte, la Mixteca o la Sierra Negra.
Y no es por falta de recursos.
Un gobierno demuestra a quién considera importante no por lo que dice, sino por aquello en lo que decide gastar su dinero.