El gobierno de Puebla presentó ante el Congreso del estado un Paquete Económico 2027 por 139 mil 749 millones de pesos, 6.4 por ciento más que el ejercicio anterior. Sin embargo, ese crecimiento nominal se diluye considerablemente al contrastarlo con la inflación que la propia Secretaría de Hacienda federal proyecta para el cierre de 2027, de entre 3.0 y 3.5 por ciento, lo que deja un margen de crecimiento real mucho más modesto del que sugiere la cifra anunciada por la titular de Finanzas, Daniela Pérez Calderón.
El discurso oficial, construido sobre los ejes de riqueza comunitaria, seguridad, bienestar y justicia, incluyó el anuncio de obras de alto perfil político: la remodelación del Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán, el Periférico 5 de Mayo, nuevas líneas del Cablebús, el foro Pensando en Grande y la Universidad de la Creación del Arte y la Cultura (Unicrea). Ninguno de estos proyectos se acompañó, durante la presentación, de un desglose público de costos individuales, plazos de ejecución o mecanismos de evaluación que permitan a la ciudadanía dar seguimiento puntual al avance y al gasto real de cada obra.
Un punto que mereció menos atención en el discurso gubernamental fue el reconocimiento de que Puebla seguirá pagando mil 29 millones de pesos por obligaciones financieras heredadas del Centro Integral de Servicios (CIS) y las plataformas de Audi, contratos adquiridos en administraciones anteriores cuyos términos originales, condiciones de pago y responsables políticos continúan sin ser objeto de una revisión pública detallada por parte de la actual administración.
Tampoco se explicó con claridad cómo se garantizará que el 33 por ciento del presupuesto total destinado a educación —46 mil 298 millones de pesos— se traduzca en mejoras verificables para el sistema educativo estatal, más allá del monto global anunciado. Lo mismo ocurre con los 77 mil 304 millones de pesos etiquetados para desarrollo social: una cifra considerable que, sin un desglose por programa y sin indicadores de resultados comprometidos públicamente, resulta difícil de fiscalizar para legisladores, periodistas y ciudadanía por igual.
El gobierno estatal insistió en que el paquete no contempla la creación de nuevos impuestos ni el aumento de tasas vigentes, un mensaje que busca proyectar responsabilidad fiscal.
Sin embargo, la falta de presentación de nuevos ingresos ademas del crecimiento real moderado del presupuesto, coloca en tela de juicio si los compromisos de gasto en infraestructura, bienestar y desarrollo rural crecerán por encima del promedio general —26, 21 y 19 por ciento, respectivamente—, ¿qué rubros absorberán el ajuste para mantener el equilibrio presupuestal sin nuevos ingresos ni endeudamiento adicional?
El anuncio del gobernador Alejandro Armenta sobre la compra de cinco trenes de pavimentación adicionales, hasta sumar 16 unidades, se presentó como un logro de gestión, pero no vino acompañado de información sobre el costo unitario de la adquisición, el proceso de licitación seguido ni los criterios de distribución territorial de estas unidades entre los 217 municipios del estado, datos que resultarían indispensables para evaluar si la compra responde a una necesidad diagnosticada técnicamente o a una decisión principalmente política de visibilidad pública.
