Puebla aparece en el mapa de huachicol del agua elaborado por el Dr. Víctor Manuel Sánchez Valdés; la pelea por el agua recae en los pozos clandestinos y en la falta de control sobre quién extrae, cuánto y con qué permisos.
Mientras colonias enteras del sur de la capital enfrentan desabasto, Agua de Puebla administra alrededor de 200 pozos para abastecer formalmente a la zona metropolitana, y empresas como Volkswagen o Ternium operarían hasta 80 pozos propios; extracción que, en teoría, cuenta con permisos federales, pero sobre la que prácticamente no existe fiscalización constante.
El punto ciego es la vigilancia selectiva. Se señala con nombre y ubicación a quienes operan al margen de la ley, pero nadie audita con el mismo rigor el volumen que extraen los grandes consumidores industriales, cuya huella hídrica compite con la de municipios enteros. En 2024, Puebla ya se había colocado entre las cinco entidades del país con más pozos clandestinos.
La discusión de la nueva Ley General de Aguas es la oportunidad para corregir esa asimetría: establecer censos reales de concesiones, endurecer las sanciones por acaparamiento y, sobre todo, exigir a la industria la misma transparencia que se le exige a cualquier otro usuario del recurso.
