Un solo biólogo. Esa es, según reveló La Jornada de Oriente, toda la fuerza con la que la Profepa en Puebla enfrenta las emergencias de fauna silvestre en el estado. No importa cuán capaz sea esa persona: ningún profesional, por bueno que sea, sustituye a una institución.
El dato es el reflejo local de una crisis nacional. La propia titular de la Profepa, Mariana Boy, ha reconocido que la dependencia opera con apenas 500 inspectores para todo el país —para tráfico ilegal de especies, zoológicos, maltrato animal, tala, cambios de uso de suelo, impacto ambiental e industria, todo junto—.
El presupuesto de la institución cayó 43.2 por ciento en términos reales desde 2018, y para 2026 viene otro recorte. «Si no tenemos recursos para operar, nuestros inspectores no pueden estar en el territorio», advirtió ella misma.
El caso más emblemático ocurrió recientemente con la captura de una cocodrila de pantano en la Laguna de San Baltazar. Lo que pudo ser una contención rápida se prolongó casi once meses y requirió la participación de nueve instituciones, veterinarios voluntarios y ciudadanos solidarios que prestaron equipo que la Profeca no tenía. La autoridad llegó tarde y, de paso, dejó en la impunidad el origen del reptil.
Y si un solo animal evidenció el colapso, la cuenca del Alto Atoyac lo confirma con creces. Un diagnóstico oficial identificó más de 4,900 puntos de descarga contaminante a lo largo de 110 kilómetros del río Atoyac y el Zahuapan. Aunque la mayoría son de origen domiciliario y municipal, la contaminación industrial persiste y exige inspecciones que la Profepa no puede sostener con su plantilla actual.
En Zacatlán, una empresa minera busca talar 10 hectáreas de bosque de coníferas para extraer feldespato, afectando ecosistemas con especies endémicas. Cada denuncia que no se atiende a tiempo —por falta de personal, laboratorios o capacidad jurídica— abre la puerta a daños irreversibles.
Clausurar y sancionar después de que ocurrió el daño no es vigilar. Es llegar tarde. Y llegar tarde, cuando se trata de un bosque talado o un río envenenado, no tiene reparación posible.
El presupuesto ambiental no puede seguir tratándose como un gasto prescindible. Quienes pagan la factura de que no haya suficientes inspectores, especialistas, vehículos y equipo, son los animales, los bosques, los ríos y las poblaciones que viven junto a ellos.
