–Entre 2022 y 2026 se documentaron 113 homicidios y desapariciones de personas defensoras; sólo cuatro casos han obtenido una sentencia condenatoria
Organizaciones de la sociedad vicil denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la gran mayoría de los homicidios y desapariciones de personas defensoras de derechos humanos en México permanecen impunes, al tiempo que urgieron a las autoridades a implementar mecanismos efectivos de investigación y protección.
Durante una audiencia pública realizada en el marco del 179 periodo de sesiones de la CIDH, las organizaciones informaron que entre enero de 2022 y septiembre de 2026 se documentaron 103 asesinatos y 10 desapariciones de personas defensoras de derechos humanos, para un total de 113 casos. De estos, únicamente cuatro expedientes han derivado en una sentencia condenatoria, lo que representa un nivel de impunidad de 96.5 por ciento.
Las organizaciones advirtieron que la falta de justicia no solo afecta a las víctimas directas y sus familias, sino que fomenta nuevas agresiones y genera miedo entre quienes realizan labores de defensa de derechos humanos, al grado de obligar, en algunos casos, al desplazamiento o abandono de su trabajo.
Por ello, solicitaron al Estado mexicano adoptar una estrategia integral de investigación y persecución penal que permita esclarecer los hechos, identificar tanto a autores materiales como intelectuales, y garantizar la participación y protección de las víctimas durante los procesos judiciales. Entre sus principales planteamientos exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) establecer un plan público y verificable para implementar el recientemente aprobado Protocolo Homologado Especializado para la Investigación de Delitos Cometidos contra las Personas Defensoras de Derechos Humanos, con responsables, recursos, capacitación y mecanismos de seguimiento junto con la sociedad civil.
Durante la audiencia, la comisionada y relatora para México, Andrea Pochak, señaló que el país continúa siendo uno de los entornos más riesgosos para defender derechos humanos, en particular cuando esa labor afecta intereses políticos o económicos. «Quien defiende los derechos de los demás, no debería tener que defender su propia vida», agregó el comisionado Edgar Stuardo Ralón.
Por su parte, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, Andrea Bolaños, recomendó implementar el protocolo mediante un plan de acción con cronograma, presupuesto suficiente, capacitación de funcionarios y participación efectiva de las organizaciones civiles.
Como resultado del encuentro, el Estado mexicano asumió seis compromisos: la elaboración de un plan nacional para implementar el protocolo, su difusión accesible, la creación de un registro homologado de delitos contra personas defensoras, la instalación de una mesa de trabajo para revisar los 113 casos documentados, la valoración de crear una fiscalía especializada en agresiones contra este sector, y la aceptación del acompañamiento de la Relatora Especial de la ONU.
Las organizaciones insistieron en que la aprobación de protocolos y mecanismos legales debe traducirse en resultados concretos, pues mientras persista la impunidad, los riesgos para quienes defienden derechos humanos seguirán en aumento.