Silvanna Mortera
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Puebla sancionó a alrededor de 40 servidores públicos por irregularidades administrativas durante el último año, entre ellas conductas relacionadas con opacidad, incumplimiento de funciones y otras faltas consideradas graves y no graves.
De acuerdo con el titular de la dependencia, Alejandro Espidio Reyes, las sanciones incluyeron amonestaciones, destituciones e incluso cinco inhabilitaciones definitivas para ocupar cargos públicos.
Las medidas fueron resultado de procedimientos de investigación y seguimiento iniciados por presuntas responsabilidades administrativas dentro de la administración estatal.
Los datos oficiales muestran que entre 2025 y 2026 la dependencia recibió 2 mil 405 señalamientos ciudadanos relacionados con posibles actos indebidos u omisiones de servidores públicos.
Del total de reportes, 557 fueron canalizados a otras autoridades competentes, mientras que 279 expedientes ya concluyeron su proceso y otros 263 continúan en etapa de investigación.
Además, la Secretaría procesó 49 denuncias formales, de las cuales 22 fueron concluidas y 27 permanecen bajo investigación especializada para determinar posibles responsabilidades.
Entre diciembre de 2025 y mayo de 2026 también se radicaron 244 expedientes por presuntas faltas administrativas al interior del gobierno estatal.
La dependencia informó que en lo que va de este año ha recibido 38 informes de presunta responsabilidad vinculados con conductas consideradas de alta gravedad, casos que continúan bajo análisis jurídico.
Para fortalecer los mecanismos de denuncia, el gobierno estatal instaló 533 buzones digitales en oficinas públicas y mantiene en operación la línea Prointegridad, que durante el periodo reportó 789 llamadas relacionadas con posibles irregularidades, además de 151 solicitudes de información y 589 orientaciones a ciudadanos.
Según la Secretaría Anticorrupción, el objetivo es que las denuncias sustentadas en pruebas concluyan en procedimientos que permitan sancionar conductas indebidas y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas dentro del servicio público.
