La Secretaría Anticorrupción de Puebla informó que durante el último año sancionó a alrededor de 40 servidores públicos por irregularidades administrativas, entre ellas conductas relacionadas con opacidad y malas prácticas. La noticia podría interpretarse como una señal de que las instituciones están funcionando, sin embargo, los datos oficiales obligan a formular una pregunta incómoda ¿es suficiente?
La dependencia reconoce haber recibido 2 mil 405 señalamientos ciudadanos y mantiene cientos de expedientes en investigación. Frente a esa cifra, las 40 sanciones anunciadas representan apenas una pequeña fracción del universo de denuncias. No se trata de minimizar el castigo a quienes incurrieron en irregularidades, sino de cuestionar si los mecanismos de vigilancia están logrando combatir de fondo las prácticas que generan desconfianza en las instituciones públicas.
La corrupción no siempre se presenta en forma de grandes escándalos o millonarios desfalcos. También aparece en la opacidad cotidiana, en los trámites detenidos, en la negligencia administrativa y en los abusos de autoridad que afectan directamente a los ciudadanos. Por eso, más importante que anunciar sanciones es garantizar que cada denuncia tenga seguimiento y que los resultados sean transparentes.
Combatir la corrupción implica algo más que castigar a unos cuantos funcionarios. Significa construir instituciones donde la rendición de cuentas sea la regla y no la excepción. Mientras miles de poblanos sigan denunciando irregularidades, la tarea seguirá pendiente.
