Justicia para la doctora Bertha

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Dante Montaño Brito

La doctora Bertha Burciaga Morán no debería convertirse en una cifra más dentro de la larga lista de víctimas que ha dejado la violencia en Veracruz. Era anestesióloga, profesionista, compañera, hija, amiga y parte de una comunidad que hoy no solo enfrenta su ausencia, también enfrenta la indignación de una muerte que nunca debió ocurrir. Su asesinato no puede reducirse a un expediente más dentro de la burocracia judicial, porque una mujer inocente de 38 años perdió la vida en medio de un operativo de seguridad donde policías estatales dispararon sin haber confirmado quiénes viajaban dentro de la camioneta donde ella viajaba. Ahí comienza el problema más grave: el momento en que se disparó sin tener certeza del objetivo, en el instante en que decidieron disparar primero y averiguar después.

Las primeras versiones que circularon en medios locales señalaron que policías estatales perseguían a presuntos delincuentes y que, minutos antes, estos habían robado una camioneta con características similares a la de la doctora Bertha. Cuando ella y su acompañante llegaron a la caseta, su vehículo fue recibido a balazos, presuntamente porque los agentes lo confundieron con el de los delincuentes, es decir, no se trató de una persona atrapada en medio de un enfrentamiento. Sin embargo, con el paso de las horas comenzó a instalarse la versión del “fuego cruzado”, como si su muerte pudiera explicarse como un daño colateral del combate a la delincuencia. Incluso la propia gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, cuatro díasdespués ha declarado en ese sentido. Pero antes de aceptar esa explicación, la pregunta central sigue siendo la misma: ¿por qué se disparó primero y se verificó después?

En Veracruz, este tipo de casos no pueden leerse como hechos aislados ni como simples errores operativos. La entidad arrastra desde hace años una historia marcada por abusos policiales, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, una realidad que ha sido denunciada de forma constante por colectivos de búsqueda, familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos. Cuando ocurre un caso como el de la doctora Bertha, el problema no es solo quién disparó, sino lo que viene después: versiones apresuradas, explicaciones justificantes y procesos de investigación enfocados en reducir el costo político que en esclarecer los hechos. Por eso, su caso no se explica únicamente por la actuación de unos policías, sino por una estructura donde la negligencia, la impunidad y la falta de protocolos claros nos siguen costando vidas.

Por eso, la justicia para la doctora Bertha no puede reducirse a encontrar al policía que disparó. Sería cómodo para el gobierno presentar el caso como un error individual, castigar al último eslabón de la cadena de mando y cerrar el expediente como si el problema terminara ahí. Cuando un agente abre fuego sin haber confirmado su objetivo, también hay una responsabilidad más arriba: mandos que no supervisan, protocolos deficientes, capacitación insuficiente y una estructura que permite que primero se dispare y después se acomode el relato para justificar lo ocurrido y deslindar responsabilidades. Por eso, exigir justicia también significa revisar toda la cadena de mando. Porque si la responsabilidad nunca llega a quienes diseñan, ordenan o toleran estas prácticas, la próxima víctima solo tendrá otro nombre y otra familia exigiendo lo mismo: verdad y justicia.

La exigencia de justicia para la doctora Bertha no puede agotarse en comunicados oficiales ni en una explicación conveniente para cerrar rápido el caso. Lo que ocurrió exige verdad, responsabilidades claras y la certeza de que ninguna institución estará por encima de la vida de una persona inocente. Porque cuando se normaliza que la policía asesine sin verificar y después se construya una versión para justificarlo, no estamos frente a un accidente, sino frente a una forma peligrosa de ejercer el poder. La exigencia de justicia para Bertha no es solo por su memoria, sino para impedir que otra familia tenga que enfrentar la misma pérdida, la misma impunidad y el mismo intento de convertir la negligencia en una simple confusión.