La última semana dejó en Puebla una sensación de zozobra que difícilmente puede ignorarse. Los hechos ocurridos en la zona de Angelópolis, donde tres jóvenes fueron asesinados y ocho personas más resultaron heridas tras un ataque armado afuera de un centro nocturno, cimbraron a la opinión pública por la brutalidad y por el contexto: jóvenes que celebraban el Día del Amor y la Amistad y que, según testigos, no estaban vinculados a actividades ilícitas. La planeación del ataque, la cercanía con uno de los puntos más emblemáticos y concurridos de la capital y la posible relación con el cobro de piso evidencian que la violencia no distingue espacios ni horarios, y que incluso las zonas consideradas “seguras” han dejado de serlo para amplios sectores de la población.
A este hecho se sumó la tragedia de Karina y Alexandro, matrimonio que desapareció tras salir rumbo a Tlaxcala para celebrar un cumpleaños y que fue localizado sin vida en Chignahuapan, con huellas de violencia. El caso, además de la indignación social que ha provocado, vuelve a colocar en el centro del debate la seguridad en las rutas carreteras y en las zonas limítrofes del estado, donde las desapariciones y homicidios en tránsito han generado temor entre las familias poblanas.
Como si lo anterior no bastara, los disturbios registrados con la quema de vehículos, incendios en establecimientos y bloqueos carreteros en la autopista México–Puebla y Puebla–Orizaba este domingo tras el abatimiento de “El Mencho”, profundizaron la sensación de ingobernabilidad. El cierre de vialidades, la suspensión de actividades comerciales y la movilización de fuerzas de seguridad en distintos puntos del estado evidenciaron que los hechos delictivos ya no son aislados, sino que pueden escalar y afectar la dinámica económica y social del estado en cuestión de horas.
Frente a este panorama, el gobierno debe retomar con firmeza el control de la seguridad y garantizar condiciones de paz para la población. No basta con reforzar operativos después de los hechos; los poblanos esperan acciones integrales, coordinación efectiva entre los distintos niveles de gobierno y resultados tangibles que devuelvan la confianza en las instituciones.