Una investigación de Daily Diario expone la existencia de una red de nepotismo al interior de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la cual apunta que ocho familiares de la rectora María Lilia Cedillo Ramírez ocupan distintos puestos dentro de la institución y reciben salarios con recursos universitarios.
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De acuerdo con el material difundido, entre las personas señaladas se encuentra Jorge Antonio Yáñez Santos, esposo de la rectora, quien se desempeñaría como director académico del Centro de Detección Biomolecular, con una percepción mensual de 80 mil pesos. También se menciona a Eva Patricia Cedillo, hermana de la funcionaria, quien habría ocupado una coordinación administrativa con un salario de 74 mil 793 pesos mensuales, hasta su retiro en enero de 2026. Y Marco Antonio de los Santos, identificado como sobrino de Cedillo y quien estaría al frente de la Dirección General de Cómputo, con un sueldo mensual de 86 mil pesos.
Estos casos forman parte de una lista que incluye a otros familiares, entre ellos, hijos y sobrinos de la rectora, incorporados a distintas áreas de la universidad. El señalamiento cuestiona el nepotismo familiar al realizar la asignación de puestos y el uso de recursos públicos dentro de la máxima casa de estudios poblana.
La investigación estima que los salarios de los ocho familiares de Cedillo representan un costo superior a los cinco millones de pesos anuales para la BUAP. Este señalamiento contrasta con el compromiso que hizo Lilia Cedillo al asegurar una administración austera y hacer un uso responsable de los recursos universitarios. La investigación revive las inconformidades expresadas por trabajadores de la BUAP el pasado 26 de octubre, donde alrededor de 700 docentes, jubilados y estudiantes marcharon hacia Rectoría para rechazar las modificaciones al sistema de pensiones y exigir transparencia sobre las finanzas universitarias.
Los señalamientos sobre los elevados salarios de los familiares de la rectora contrastan con las exigencias de la comunidad académica, quienes han cuestionado que se planteen mayores cargas económicas para los trabajadores mientras persisten dudas sobre la distribución y administración de los recursos institucionales.






