Un exelemento de la Policía Municipal de Puebla deberá cumplir una sentencia de 11 años y 3 meses de prisión por el delito de tortura, luego de que un Tribunal de Alzada confirmara la resolución judicial y dejara firme la condena en su contra.
Se trata de Uriel N., quien fue encontrado penalmente responsable de agredir física y psicológicamente a un ciudadano al que privó de su libertad el 1 de octubre de 2018, con la intención de obtener información sobre su presunta participación en diversos robos registrados en las zonas de Angelópolis y La Calera.
De acuerdo con las investigaciones, la víctima se encontraba acompañada de una mujer cuando fue interceptada por Uriel N. y otro elemento policial, quienes viajaban en vehículos particulares. Posteriormente, fue trasladada contra su voluntad a un sitio aislado, donde comenzaron las agresiones.
Durante el tiempo que permaneció retenido, el ciudadano fue golpeado en diferentes partes del cuerpo, asfixiado con una bolsa de plástico y sometido a descargas eléctricas. Estas agresiones le ocasionaron diversas lesiones, entre ellas una fractura de clavícula.
Además de los actos de tortura, los responsables lo obligaron a entregar dinero en efectivo y posteriormente intentaron incriminarlo mediante la supuesta posesión de un arma de fuego y narcóticos.
Tras las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, en 2024 un juez dictó una sentencia condenatoria de 11 años y 3 meses de prisión contra el entonces policía municipal.
Sin embargo, la defensa del acusado presentó un recurso de impugnación para intentar modificar la resolución. Después de revisar las pruebas y los elementos del caso, el Tribunal de Alzada confirmó la condena, por lo que esta quedó firme y deberá ser cumplida por el sentenciado.
El caso vuelve a poner sobre la mesa la gravedad de los abusos de autoridad y la responsabilidad penal de los servidores públicos cuando utilizan sus funciones para cometer actos de violencia y vulnerar los derechos de la ciudadanía.






