El gobierno de Puebla llegó al Congreso con un Paquete Económico 2027 de 139 mil 749 millones de pesos, 6.4 por ciento más que el año anterior. La cifra suena generosa hasta que se le resta la inflación que la propia Secretaría de Hacienda federal proyecta para el cierre de 2027: entre 3.0 y 3.5 por ciento. Lo que queda, en términos reales, es un crecimiento bastante más modesto del que la titular de Finanzas, Daniela Pérez Calderón, presentó ante los diputados.
El discurso oficial vino envuelto en los ejes de siempre —riqueza comunitaria, seguridad, bienestar, justicia— y en una lista de obras de alto perfil: la remodelación del aeropuerto Hermanos Serdán, el Periférico 5 de Mayo, nuevas líneas del Cablebús, el foro Pensando en Grande, la Unicrea. Proyectos ambiciosos, sin duda. Lo que no acompañó al anuncio fue algo igual de importante: un desglose de costos por obra, plazos de ejecución o mecanismos de evaluación que permitan a cualquier ciudadano seguir, paso a paso, en qué se gasta cada peso.
Mientras se presumen obras nuevas, Puebla seguirá pagando mil 29 millones de pesos por deudas heredadas del Centro Integral de Servicios y las plataformas de Audi —compromisos firmados en administraciones pasadas cuyos términos originales, condiciones de pago y responsables políticos la actual administración tampoco se ha tomado la molestia de revisar públicamente—.
Los montos más grandes del presupuesto son, paradójicamente, los más difusos. El 33 por ciento del gasto total, 46 mil 298 millones de pesos, se etiqueta para educación; 77 mil 304 millones más para desarrollo social. Son cifras que impresionan en el boletín de prensa, pero que sin desglose por programa ni indicadores de resultado comprometidos, se vuelven casi imposibles de fiscalizar —ni para los legisladores, ni para la prensa, ni para la ciudadanía.
El gobierno insiste en que no habrá impuestos nuevos ni aumento de tasas, un gesto que busca proyectar responsabilidad fiscal. Pero eso nos hace cuestionarnos cómo infraestructura, bienestar y desarrollo rural van a crecer muy por encima del promedio general sin nuevos ingresos ni endeudamiento adicional, ¿qué rubro va a absorber el ajuste para que las cuentas cuadren?
Y luego está el anuncio del gobernador Alejandro Armenta sobre la compra de cinco trenes de pavimentación adicionales, hasta sumar 16 unidades en total.
Se vendió como un logro de gestión, pero sin costo unitario, sin detalle del proceso de licitación y sin criterios claros de cómo se van a repartir entre los 217 municipios del estado.
Son justo los datos que harían falta para saber si la compra responde a una necesidad técnica real o, simplemente, a una decisión pensada para la foto.
