¿Puede una persona ingresar armada al Centro Integral de Servicios, llegar hasta el sótano 3 del estacionamiento y disparar una pistola calibre .380 sin que los sistemas de seguridad permitan reconstruir inmediatamente qué ocurrió?
La pregunta no pretende anticipar una respuesta. La Fiscalía de Puebla sostiene, hasta ahora, que los primeros indicios apuntan a una muerte autoinfligida de Rubén Alberto Curiel Tejeda, exfiscal anticorrupción y coordinador jurídico de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Pero precisamente por el lugar, el cargo que ocupaba y las funciones que desempeñó, una explicación preliminar no basta.
Hay preguntas elementales que deben contestarse con evidencia: ¿hay videograbaciones de su ingreso y permanencia en el estacionamiento?, ¿de dónde provino el arma?, ¿estaba registrada y a nombre de quién?, ¿qué determinaron las pruebas periciales?, ¿a qué hora ocurrió exactamente la detonación?, ¿quién encontró a Curiel y cuánto tiempo había transcurrido?, ¿qué establece la necropsia? Un complejo gubernamental como el CIS debería permitir reconstruir con precisión los últimos movimientos de una persona dentro de sus instalaciones.
También resulta indispensable evitar que versiones sobre su vida privada sustituyan una investigación ministerial. Ni una supuesta infidelidad explica científicamente una muerte ni los testimonios de quienes aseguran que Curiel se encontraba bien permiten descartar por sí mismos un suicidio. Las circunstancias personales podrán formar parte de una investigación, pero las conclusiones tienen que descansar en cámaras, peritajes, balística, necropsia, telefonía y demás evidencia verificable.
Hay además un elemento imposible de ignorar: Curiel había encabezado la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción. Por ello deben agotarse también, si existen elementos para hacerlo, las líneas relacionadas con los expedientes que conoció, las circunstancias de su salida de la Fiscalía y su posterior incorporación a la Secretaría Anticorrupción. Investigar todas las hipótesis no significa afirmar que alguna de ellas sea cierta; significa justamente impedir que las sospechas ocupen el lugar de los hechos.
El problema que enfrenta hoy el Gobierno de Puebla es también de credibilidad institucional. Si familiares, abogados y personas cercanas están pidiendo que la Fiscalía General de la República intervenga, atender esa posibilidad podría ofrecer mayores garantías de independencia y ayudar a despejar las dudas que inevitablemente rodean el caso.
La muerte de Rubén Alberto Curiel necesita pruebas capaces de sostener, sin huecos, la verdad de lo ocurrido en el sótano 3 del CIS.