Una fiesta de XV años realizada en instalaciones de la presidencia auxiliar de Olomatlán terminó en tragedia: durante una riña, Julián «N» fue herido con un arma blanca y posteriormente perdió la vida. Ahora corresponderá a las autoridades determinar quién cometió el homicidio, pero hay una responsabilidad política que también debe investigarse ¿bajo qué condiciones se permitió utilizar un espacio público para una celebración con consumo de alcohol y sin vigilancia suficiente?
Los señalamientos contra el presidente auxiliar, Miguel García Santos, apuntan precisamente hacia esa falta de prevención. De acuerdo con las denuncias, el Ayuntamiento no habría sido notificado del evento ni se solicitaron rondines de seguridad. Si esto se confirma, no se trata de responsabilizar al edil por un n homicidio que deberá esclarecer la Fiscalía, sino de exigir cuentas por las condiciones en las que se permitió realizar una celebración dentro de instalaciones públicas.
La tragedia también destapó otras inconformidades de los habitantes de Olomatlán, quienes denuncian deficiencias en el suministro de agua, abandono del panteón y ausencia de una policía auxiliar. Cada señalamiento deberá comprobarse, pero el reclamo de fondo es válido: una presidencia auxiliar existe para administrar, prevenir y atender las necesidades de la comunidad, no para convertirse en salón de fiestas mientras los servicios públicos permanecen abandonados.
La muerte de Julián “N” merece una investigación seria y justicia para su familia. Y Olomatlán merece también explicaciones sobre el uso de sus instalaciones públicas y las omisiones que pudieron incrementar los riesgos aquella madrugada.