El posible cambio de medida cautelar para el exgobernador Mario Marín vuelve a colocar en el centro de la discusión uno de los casos más emblemáticos de abuso de poder en Puebla. Más allá de que la resolución responda a criterios estrictamente jurídicos —como un amparo o el estado de salud del imputado—, resulta inevitable que la sociedad observe con preocupación cualquier beneficio procesal para un personaje cuyo nombre quedó ligado al caso Lydia Cacho y a uno de los episodios más graves contra la libertad de expresión en México.
En las últimas horas circularon versiones sobre su presunta salida del pena del Altiplano para cumplir prisión domiciliaria. Sin embargo, la propia Lydia Cacho aseguró que el exgobernador continúa en el centro penitenciario federal y que aún existe un plazo legal para impugnar el amparo. La incertidumbre demuestra la necesidad de que las autoridades judiciales informen con claridad el estado del proceso, pues en asuntos de alto impacto la transparencia es indispensable para preservar la confianza pública.
El caso también representa una prueba para el gobierno de Alejandro Armenta.
Aunque en el paso su trayectoria política fue vinculada al grupo marinista, cualquier decisión sobre la situación jurídica del exgobernador corresponde exclusivamente al Poder Judicial.
Precisamente por ello, el Ejecutivo estatal debe mantener una distancia institucional absoluta y despejar cualquier duda sobre una eventual influencia política. En un asunto que marcó la historia reciente de Puebla, la justicia no solo debe actuar con independencia, también debe demostrarla.