Más de tres años después de que la Suprema Corte declaró inconstitucional impedir que las personas menores de edad adecuen su acta de nacimiento conforme a su identidad de género, el Congreso de Puebla finalmente perfila cumplir con esa sentencia.
La discusión podrá generar posturas encontradas, pero los derechos humanos no pueden permanecer congelados por cálculos políticos ni por el temor al debate público.
La obligación del Poder Legislativo no es decidir qué derechos son populares, sino garantizar el cumplimiento de la Constitución y de las resoluciones judiciales.
En un Estado de derecho, las sentencias de la Suprema Corte se acatan; no se someten a consulta. Esa es la base de la certeza jurídica y de la protección de las minorías.