Silvanna Mortera
La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó iniciar la etapa de investigaciones dentro del juicio político promovido contra el gobernador Samuel Garcia, por presuntas irregularidades relacionadas con el manejo y posible triangulación de recursos públicos.
Con nueve votos a favor, uno en contra y una abstención, los legisladores autorizaron la apertura de diligencias y se declararon en sesión permanente para continuar con el procedimiento establecido en la Ley de Juicio Político.
Como parte de esta nueva etapa, la comisión solicitará información financiera, fiscal, patrimonial y contractual a más de 60 dependencias estatales y federales, organismos públicos y universidades, con el propósito de reunir elementos que permitan determinar si existen responsabilidades por las acusaciones presentadas.
Entre las instituciones que deberá proporcionar información se encuentran el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Contraloría General del Estado, la Secretaría de Economía federal y el Instituto Registral y Catastral, además de diversas dependencias del gobierno de Nuevo León.
Congreso rechaza frenar el procedimiento
Durante la sesión, la comisión también rechazo suspender el juicio político mientras se resuelven los recursos promovidos por la defensa del mandatario estatal.
Los diputados argumentaron que dichos incidentes no impiden continuar con la etapa de investigación y precisaron que deberán resolverse antes de emitir el dictamen definitivo.
La presidenta de la Comisión Anticorrupción recordó que el gobernador Samuel García entregó el pasado 23 de junio el informe de respuesta previsto en la Ley de Juicio Político, documento que ya forma parte del expediente en versión pública.
Debate entre legisladores
La discusión generó posturas encontradas entre los integrantes de la comisión.
La diputada Sandra Pámanes cuestionó que el Congreso ampliara de nueve a más de 60 las instituciones a las que solicitará información, al considerar que ello retrasará el procedimiento y excede los alcances de la denuncia original.
En contraste, legisladores como Mario Soto y Grecia Benavides respaldaron las diligencias al señalar que el Congreso debe reunir toda la información necesaria antes de determinar si existen responsabilidades, insistiendo en que la investigación no representa una condena anticipada contra el gobernador.