Silvanna Mortera
El Congreso de Puebla tiene hasta este miércoles para informar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) qué acciones ha realizado para cumplir la sentencia que ordena garantizar el reconocimiento legal de la identidad de género de niñas, niños y adolescentes en la entidad.
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pavel Gaspar Ramírez, confirmó que este 24 de junio vence el plazo de cinco días hábiles otorgado por la Corte para que diversos funcionarios del Poder Legislativo reporten los avances relacionados con el cumplimiento de una resolución emitida desde marzo de 2022.
En conferencia de prensa, el legislador señaló que el Congreso mantiene reuniones internas para definir la respuesta que enviará al máximo tribunal del país y aseguró que atenderán el requerimiento judicial.
“Estamos concluyendo estas pláticas, tenemos un día más, pero sí te puedo decir que daremos atención y cumpliremos a la Corte”, declaró.
Cuatro años después, la reforma sigue pendiente
La resolución de la Suprema Corte ordenó al Congreso local adecuar la legislación poblana para permitir que niñas, niños y adolescentes puedan solicitar la emisión de una nueva acta de nacimiento acorde con su identidad de género autopercibida.
Sin embargo, más de cuatro años después de la sentencia, el Código Civil de Puebla continúa sin ser reformado para garantizar este derecho.
La notificación fue dirigida al presidente de la Mesa Directiva, Marcos Castro Martínez; al presidente de la Junta de Gobierno, Pavel Gaspar Ramírez; al presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, Mauricio Céspedes Peregrina; y al director general de Asuntos Jurídicos, Jesús Juárez Lezama.
Corte advierte posibles sanciones
La SCJN advirtió que, en caso de incumplimiento, podrá imponer sanciones económicas a los funcionarios responsables.
La multa podría alcanzar hasta 120 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a más de 14 mil pesos, recursos que serían cubiertos con cargo al patrimonio personal de los servidores públicos requeridos.
Además, la Corte recordó que el área jurídica del Congreso tiene la obligación de impulsar los trabajos legislativos necesarios para cumplir la sentencia, mientras que los diputados responsables deben supervisar y garantizar su avance.
El caso vuelve a colocar bajo presión al Congreso poblano, que acumula más de cuatro años sin atender una resolución judicial relacionada con derechos humanos, pese a los reiterados llamados de organizaciones civiles y colectivos de la diversidad sexual para armonizar la legislación estatal.