Silvanna Mortera
La auditoría que realiza el gobierno estatal a la Secretaría de Educación Pública (SEP) permitió recuperar 343 plazas docentes que habían sido asignadas de manera irregular en administraciones anteriores, informó el titular de la dependencia, Manuel Viveros Narciso.
El funcionario explicó que las plazas recuperadas forman parte de las revisiones emprendidas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, luego de diversas denuncias y manifestaciones de trabajadores del sector educativo que señalaron presuntas irregularidades en los procesos de asignación.
De acuerdo con Viveros Narciso, las plazas recuperadas serán reasignadas mediante los mecanismos establecidos por la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), aunque todavía no existe una fecha definida para iniciar el procedimiento.
Detectan anomalías en miles de plazas
La recuperación de estos espacios ocurre en el marco de una investigación más amplia sobre presuntas irregularidades dentro de la SEP estatal.
En mayo pasado, el coordinador de Gabinete del gobierno estatal, José Luis García Parra, reveló que las auditorías detectaron posibles anomalías en alrededor de seis mil plazas docentes y administrativas, situación que derivó en la apertura de investigaciones y la preparación de denuncias penales contra exfuncionarios.
Según la información oficial, las revisiones abarcan procesos realizados durante varios años y buscan determinar si existieron asignaciones fuera de la normatividad o beneficios indebidos dentro de la estructura educativa.
Ya hubo despidos y denuncias
Como resultado de las primeras investigaciones, el gobierno estatal confirmó el despido de 43 funcionarios relacionados con áreas donde se detectaron irregularidades en la asignación de plazas.
Entre los servidores públicos separados de sus cargos se encuentran analistas, jefes de departamento, coordinadores, directores y subsecretarios.
Asimismo, la administración estatal informó que ya fueron presentadas denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para deslindar responsabilidades y determinar posibles delitos cometidos durante los procesos de asignación.
Las autoridades señalaron que las auditorías continúan y no descartaron que aparezcan nuevos hallazgos conforme avance la revisión de expedientes, algunos de ellos con una antigüedad superior a diez años.