Congreso local abrogará el artículo de ciberasedio tras ser declarado inconstitucional
Silvanna Mortera
Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidara el delito de ciberasedio en Puebla, el Congreso del estado anunció que impulsará una nueva figura jurídica para sancionar el acoso digital, con el objetivo de subsanar las deficiencias señaladas por el Máximo Tribunal.
El coordinador de los diputados de Morena y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Pavel Gaspar Ramírez, informó que el Poder Legislativo acatará la resolución y procederá a abrogar el artículo 480 del Código Penal estatal, el cual tipificaba el ciberasedio.
A través de redes sociales, el legislador explicó que, si bien la Corte invalidó el tipo penal por su redacción ambigua, también reconoció la existencia del problema del acoso digital, particularmente entre niñas, niños y adolescentes.
“La Corte no dijo que el problema no exista, sino que el instrumento legal no fue lo suficientemente preciso”, señaló, al tiempo que adelantó que Morena trabajará en una nueva legislación que cumpla con los criterios de legalidad y certeza jurídica.
El delito de ciberasedio, aprobado en junio de 2025 por la LXII Legislatura, contemplaba sanciones de hasta tres años de prisión por conductas como vigilar, intimidar, hostigar u ofender de manera reiterada a una persona mediante medios digitales.
No obstante, desde su discusión, organizaciones de derechos humanos, académicos y periodistas advirtieron que la redacción de la norma podía vulnerar la libertad de expresión, al no delimitar con claridad las conductas sancionables.
Aunque el artículo fue reformado en julio del mismo año para precisar algunos conceptos, la SCJN determinó que seguía incumpliendo el principio de taxatividad, es decir, la obligación de que las leyes penales sean claras y específicas.
Ante este escenario, el Congreso local buscará diseñar un nuevo tipo penal que atienda el fenómeno del acoso digital sin afectar derechos fundamentales, en un debate que se perfila como uno de los más relevantes en materia de libertad de expresión y regulación de redes sociales en la entidad.