Los Centros de Justicia para las Mujeres ubicados en Puebla capital y Tehuacán, administrados por la Fiscalía General del Estado de Puebla, presentan deficiencias en infraestructura, servicios y protocolos de atención, de acuerdo con el censo 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
El informe, publicado en marzo de este año, señala que ambos espacios carecen de áreas especializadas, presentan limitaciones en sus albergues y no cuentan con todos los protocolos de seguridad necesarios, aunque sí ofrecen servicios básicos como atención médica, psicológica y jurídica.
El caso más crítico es el del Centro de Justicia para las Mujeres de Tehuacán, donde se identificó la ausencia de protocolos para la atención integral de víctimas, falta de coordinación para traslados institucionales, inexistencia de planes de seguridad y rutas de acompañamiento, así como la carencia de atención telefónica o en sitio.
Asimismo, su albergue temporal no cuenta con condiciones adecuadas, ya que carece de servicios básicos como alojamiento, alimentación, vestido, capacitación laboral o redes de apoyo. En materia de infraestructura, tampoco dispone de espacios para denuncias, consultorios periciales, salas de audiencia ni áreas infantiles.
Durante 2024, en este centro se atendió a 753 mujeres que presentaron denuncia; sin embargo, solo 68 casos derivaron en la apertura de carpetas de investigación por hechos de violencia.
En el caso del Centro de Justicia para las Mujeres de Puebla capital, aunque sí cuenta con algunos protocolos de atención, seguimiento y plan de seguridad, también presenta limitaciones. Entre ellas destacan la falta de juzgados, áreas de terapia infantil especializada, salas de audiencias y consultorios de medicina legal.
Además, aunque el albergue ofrece servicios como alojamiento, apoyo educativo y representación legal, no incluye capacitación para el trabajo o emprendimientos.
En este espacio, durante 2024, se registraron 3 mil 773 denuncias, de las cuales solo 60 derivaron en carpetas de investigación.
El diagnóstico del INEGI evidencia que, pese a la existencia de estos centros, persisten fallas estructurales que limitan la atención integral y efectiva a mujeres víctimas de violencia en el estado.