El Poder Judicial de la Federación (PJF) admitió las primeras demandas de amparo contra el proyecto del Cablebús que el gobierno estatal pretende construir en la ciudad de Puebla, obra que contempla nueve estaciones y la instalación de 93 torres en distintos puntos de la capital.
Los recursos legales fueron presentados por particulares y colectivos ante jueces federales en materia administrativa del Sexto Circuito, quienes reclaman la presunta omisión de realizar, tramitar y hacer pública la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto.
Entre los argumentos centrales de las demandas se encuentra la posible tala, remoción o trasplante de aproximadamente 746 árboles urbanos, cifra que ha sido modificada en distintas ocasiones por autoridades estatales. Inicialmente se habló de 980 ejemplares afectados, posteriormente de 746 y más tarde de alrededor de 350 árboles que serían retirados o trasplantados.
El abogado César Pineda Zárate explicó que los amparos también cuestionan la falta de consulta pública y posibles violaciones al Acuerdo de Escazú, tratado internacional vigente desde 2021 que garantiza el acceso a la información ambiental, la participación ciudadana en decisiones públicas y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Las inconformidades surgieron principalmente por las afectaciones previstas en áreas verdes como el Parque Juárez, Parque Ecológico, Parque Biblioteca y el Cerro de Amalucan, lo que generó movilizaciones ciudadanas y campañas de protesta en redes sociales.
En medio del debate, el gobierno estatal comenzó la plantación de árboles en las inmediaciones del Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis, como parte de una estrategia de compensación ambiental. El gobernador Alejandro Armenta sostuvo recientemente que el trazo del Cablebús es “ineludible”, aunque aseguró que escuchará las propuestas de especialistas y ambientalistas para otros proyectos de su administración.