Ignorar los cuestionamientos o minimizar los problemas no cambia la realidad ni la percepción de los poblanos. En Puebla, la conversación de las hogares ya no se centra únicamente en la inseguridad, sino también en temas que impactan directamente la vida cotidiana: el acceso a la vivienda, la calidad de los servicios de salud y los rezagos educativos. Son preocupaciones que reflejan un malestar acumulado que las autoridades no pueden seguir atendiendo de forma fragmentada.
Las cifras sobre vivienda, por ejemplo, son reveladoras: en el estado hay más de 314 mil viviendas deshabitadas y más de 142 mil de uso temporal, mientras una parte importante de la población no puede acceder a un hogar propio. Esto ocurre en un contexto donde el 54% de los poblanos vive en pobreza y donde los ingresos mensuales, incluso en el empleo formal, resultan insuficientes frente a casas que pueden costar cerca de un millón de pesos. Además, entre 70% y 72% de la población ocupada se encuentra en la informalidad, lo que prácticamente la deja fuera del mercado formal de crédito para vivienda .
En ese escenario, los programas federales de vivienda, aunque representan un avance, se perciben todavía limitados frente al tamaño real del déficit habitacional. Especialistas han señalado que la cantidad de viviendas entregadas hasta ahora está lejos de ser suficiente para resolver un problema que se ha venido acumulando durante décadas, especialmente en estados como Puebla, donde el costo de la vivienda ha crecido mucho más rápido que los salarios.
Al mismo tiempo, el gobierno estatal tampoco puede perder de vista que la inseguridad, las carencias en salud, los desafíos educativos y el acceso cada vez más restringido a la vivienda, forman parte de una misma realidad que la ciudadanía experimenta todos los días. Más que discursos, lo que se espera es trabajo constante, coordinación efectiva y decisiones que atiendan de raíz los problemas.