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Ante esto, la empresa afirmó que la paralización ilegal en la operación de la planta en Juan C. Bonilla no sólo ha limitado la distribución y abasto del vital líquido a los clientes y consumidores del estado de Puebla, sino que también ha afectado desde su clausura a las más de 600 familias cuyo sustento depende de la misma, y a más de 1200 personas que son partícipes en la cadena de valor.