Si la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales hace su trabajo, el actual diputado Toño López habría cometido un delito electoral y la sanción es la prisión preventiva oficiosa durante el juicio.
En México, 7.011 personas de pueblos originarios están en prisión. El 85,2% de ellas no tuvo acceso a un intérprete. Tres de cada 10 están encarceladas sin sentencia —que en el mejor de los casos llegará en unos seis años— según los datos INEGI y de la Secretaría de Seguridad.
