El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dijo que México enfrentó un año 2020 difícil para a sociedad con la llegada del coronavirus, sin embargo, paralelamente a ello, día a día todas las mujeres y niñas viven otra pandemia, una que no tiene vacuna y que tan sólo en los primeros 59 días de 2021 le arrebató la vida a 589 mujeres, niñas y adolescentes, según datos.
A 12 meses que apareció la COVID-19 en el país, las acciones del Gobierno de México para prevenir, atender y erradicar las violencias contra las mujeres e infancias han sido precarias y desarticuladas.
El 2020 fue uno de los años más violentos, en el cual, las violencias contra las mujeres tuvieron los índices más altos debido al confinamiento y la ausencia de estrategias integrales e intersectoriales del Estado mexicano para prevenir, atender y erradicar las violencias contra las mujeres y las infancias.
En el 90% de los casos el agresor de las mujeres fueron sus parejas, esposos o exparejas, incluso el 28% de ellos contaban con antecedentes penales por delitos como secuestro, narcotráfico, trata de personas, lavado de dinero, entre otros.
Al igual que durante el 2020, en los primeros tres meses del 2021 la Red Nacional de Refugios A.C. (RNR) ha respondido, brindando acompañamiento, atención integral y protección especializada a 10,208 personas, de ellas a 6,596 mujeres, niñas y niños sobrevivientes de violencias a través de los Refugios y sus Centros de Atención Externa, Casas de Transición y de Emergencia integrantes de la RNR y 3,612 mediante las líneas telefónicas y redes sociales.
Por este motivo la Red Nacional de Refugios A.C. realizó un llamado al Estado mexicano y a los partidos políticos a contemplar siempre a las mujeres en todas sus diversidades y etapas de vida en el centro de su agenda, que extirpen el patriarcado y la impunidad de cada una de sus instituciones.
Al reflejo de la impunidad del sistema de justicia en México, se suma el hecho de que las mujeres estaban impedidas a solicitar apoyo a las autoridades porque el 19% de sus violentadores contaban con vínculos militares o políticos, lo que les limita acceder a servicios de atención y protección ante la corrupción y arbitrariedades de las autoridades, según dijeron algunas testigos.
