En el marco del día del niño en México, estudios revelan que a pesar de que el gobiernos e instituciones políticas han firmado leyes, decretos, declaratorias y demás posicionamientos, en los últimos años, la violencia infantil y abusos siguen presentes en los entornos en donde se desarrollan, como el hogar, la escuela o su comunidad.
Las adiciones y reformas realizadas al Código Penal del estado a propuesta de los gobernadores y los diputados locales en turno no han reducido la violencia hacia este sector poblacional, conformado por un millón 904 mil 846 niñas y niños según el conteo 2020 del Inegi.
Muestra de ello es que el pasado 25 de abril el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia en Puebla (Sedif) arrojó que 6 de cada 10 niños son violentados o viven algún tipo de abuso, es decir, aproximadamente un millón 142 mil 907 sufren violencia física, sexual, psicológica o algunos son explotados laboralmente.
Tan solo de 2015 a 2020 se presentaron mil 435 denuncias por violencia equiparada hacia menores de 18 años en la entidad, aportados por la Fiscalía General del Estado (FGE).
En ese sentido, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Historia (Inegi) apuntó que de 2010 a 2020 un total de 642 niños y adolescentes fueron asesinados en el estado.
A ese panorama se suma la desaparición forzada, que según la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), alcanzó a 552 niños, niñas y adolescentes entre 2006 y 2019 con domicilio en el estado.
De ellos, 92 mujeres y 114 hombres fueron víctimas de trata de personas, para un total de 206 casos.
Cabe destacar que en el 2020 casos como el de Mitzi Aidé y Yatziri, mejor conocida como ‘Yaz’, pusieron al estado en el ojo del huracán.
Después de la muerte de ‘Yaz’, el 28 de diciembre de 2020, la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez Congreso local hizo una reforma al Código Penal para aumentar hasta en 13 años de prisión y 8 mil 962 pesos las sanciones contra los agresores de niñas, niños y adolescentes.
En ese sentido, Nora Merino Escamilla, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso de Puebla, celebró que el Pleno aprobó en noviembre de 2020 una iniciativa suya y de su homólogo, Gabriel Biestro Medinilla, para quitar la prescripción a los delitos sexuales.
Finalmente, la legisladora sentenció que casos de abuso cometidos por servidores públicos como Saúl Huerta Corona, diputado federal por Puebla que tiene tres denuncias en su contra por delitos de índole sexual contra menores de edad, no se pueden volver a repetir.
