El aborto es un tema polémico, así como existe mucha gente a favor, otros se manifiestan en contra mientras que a otras personas les da lo mismo.
Por medio de redes sociales, Contigo Puebla realizó un sondeo en el que la mayoría de las participantes aprobaron la interrupción del embarazo, ante «las cifras de pobreza y delincuencia», como expresó una de las encuestadas.
Diana López Ochoa mencionó estar a favor “de la vida digna hacia un niño ya que traerlos al mundo a sufrir es un aborto en vida, lo cual es mucho peor, así que es algo muy especial y cada quien decide”.
A pesar de la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró inconstitucional el penalizar a una mujer por practicarse un aborto, en la mayoría de los estados de la República todavía es considerado como un crimen.
De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado, disponibles para su consulta a partir de 2015, entre este año y agosto pasado se iniciaron 48 carpetas de investigación por el delito de aborto, lo que implica un promedio de siete casos cada 12 meses.
En 2015 hubo siete carpetas de investigación, mientras que en 2016 los casos se dispararon y llegaron a 13, mientras que en 2017 disminuyeron y la cifra se ubicó en nueve. Ya en 2018 se registró una nueva disminución y se reportaron cinco carpetas de investigación.
En 2019 las indagatorias por el delito en cuestión llegaron a cuatro y en 2020 sumaron seis, mientras que entre enero y agosto los casos suman cuatro.
Sin embargo, organizaciones feministas señalaron que las mujeres en Puebla también son acusadas del delito de homicidio en razón de parentesco, tipificado en el artículo 336 del Código Penal estatal y se castiga con penas de 20 a 50 años de prisión.
En este sentido, Cinthya Ramírez, vocera de REDefine Puebla, explicó que en el estado el aborto solo está permitido por cuatro causales: Violación, malformaciones congénitas graves, aborto imprudencial (o espontáneo) y peligro de muerte de la mujer embarazada.
De no ser por está razón, la mujer es llevada a juicio «y lo que se pretende es que ya no se criminalice este acto. Cada persona debería ser libre de elegir qué hacer con su cuerpo».
Datos expuestos por el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, correspondientes a 2019, revelaron que había cinco mujeres en prisiones de Puebla que, tras abortar, fueron sentenciadas por homicidio en razón de parentesco.
Según el mandatario estatal, todas podrían ser beneficiarias con la Ley de Amnistía para el Estado de Puebla. Cinco meses después, el 14 de septiembre, dijo que solo había dos casos.
De ahí que organizaciones y colectivas feministas en Puebla persisten en la exigencia de garantizar el derecho a la interrupción del embarazo a las personas gestantes.
