*La impunidad en 2019 se situaba en un 92.4%, cifras de 2020 reflejan aumento.
*Informe detalla que las fiscalías y sus funcionarios están colapsados y cada vez se pueden abrir menos investigaciones.
De acuerdo con el informe “Hallazgos 2020” realizado por el centro de análisis “México Evalúa”, el 94.8% de los casos denunciados en México quedan impunes como resultado de “un sistema que no cuenta con herramientas de priorización ni capacidades suficientes”.
“A nivel nacional, existen 11 fiscales, nueve peritos y 14 policías ministeriales por cada 100 mil habitantes, en promedio”, detalló la organización.
El informe del centro de análisis da seguimiento y evalúa el sistema de justicia penal en México, cinco años después de la entrada en vigor a nivel nacional de las reformas al sistema de justicia penal (SJP) en México.
Según los resultados, las principales causas de la elevada impunidad son que las defensorías públicas y las Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas (CEAV) “no cuentan con condiciones para hacer contrapeso a las fiscalías” y que ambas instancias reciben pocos recursos y carecen de apoyo para desarrollar su propia investigación ni para contar con análisis periciales propios.
La FGR inició el 2020 con 38 mil 855 carpetas de investigación, una reducción del 60% con respecto a 2019. De 2018 a 2019 ya había habido una disminución del 12.7%.
Además, también revela un incremento de la prisión preventiva oficiosa en un 21% y de los procedimientos abreviados en un 16%. Estos “vulneran el derecho a la verdad y a la reparación del daño para las víctimas“.
“En la práctica, ningún delito se esclarece realmente y solo se repara el daño al 0.30% de las víctimas de un delito y una de cada cuatro detenciones son calificadas como ilegales en el país”, expusieron.
Por lo que afirmaron que esto mismo, da pauta a la fabricación de culpables y la negación de la verdad para las víctimas.
Por otro lado, debido a las constantes disputas por los abusos y violaciones a los derechos de las mujeres, integraron una evaluación con enfoque de género “a la operación y resultados del sistema penal”.
Esta misma, revela que una de cada dos mujeres privadas de la libertad se encuentra esperando una sentencia.
Por último, detectó que se imponen penas mayores para las mujeres privadas de su libertad que para los hombres porque de las personas que reciben penas mayores a 21 años de prisión, dos terceras partes son mujeres.
