InicioMéxicoLos costos económicos de buscar a un desaparecido: empeñar bienes, perder la...

Los costos económicos de buscar a un desaparecido: empeñar bienes, perder la casa, caer en deudas

Fecha:

Destacadas

El último paloseco: un apellido en vía de extinción presenta su tráiler oficial

La ópera prima de Nicolás Pinzón Fernández protagonizada por...

Capturan en Jalisco a “El Playboy”, ligado a red de pornografía infantil

Autoridades de Jalisco detuvieron este 19 de noviembre a...

Incendian vehículos en Poza Rica

El reporte indica que ocurrió la mañana de este...

Fortalecen la producción cafetalera con la entrega de 400 mil plantas

Huitzilan de Serdán, Puebla. Huitzilan es un municipio reconocido a...
spot_imgspot_img

-Una investigación de “A dónde van los desaparecidos” documenta el impacto económico que enfrentan las familias buscadoras en México, con casos en Puebla; 75% ha tenido que empeñar, vender pertenencias o pedir préstamos

Buscar a un familiar desaparecido no solo implica una carga emocional devastadora, sino también un costo económico que pocas veces se documenta. Así lo revela la investigación “Desde empeñar sus bienes hasta perder la casa: los costos económicos de las desapariciones”, realizada por las periodistas Aranzazú Ayala Martínez y Laura Jiménez para el medio especializado A dónde van los desaparecidos, a partir de una encuesta aplicada entre mayo y julio de 2025 a 348 familiares de personas desaparecidas de 25 estados del país.

De acuerdo con los resultados, el 75 por ciento de las personas encuestadas ha tenido que empeñar o vender alguna pertenencia, o pedir un préstamo, tras la desaparición de un ser querido. El 65 por ciento de las personas desaparecidas tenían hijos o hijas, y en el 58 por ciento de los casos son los propios familiares quienes asumieron la custodia o tutela de esos menores. Además, el 73 por ciento de las personas desaparecidas mantenían económicamente su hogar o eran cabeza de familia, lo que significa que, tras su ausencia, los gastos de renta, alimentación, educación y salud recaen directamente en quienes se quedan.

Puebla aparece en el reportaje a través de dos historias. La primera es la de Pilar Velasco, quien junto con su esposo asumió el cuidado de su nieta de cuatro años tras la desaparición de su hija, María del Pilar Alarcón Velasco, el 19 de febrero de 2023 en Huixcolotla. Ambos trabajan en el sector de ventas y radican en la capital poblana, por lo que cada acción de búsqueda implica asumir gastos de transporte, taxis y alimentos para desplazarse hasta el municipio donde desapareció su hija, ubicado a 50 kilómetros de distancia.

La segunda historia es la de Blanca Fabiola Pérez, madre de David Chapuli Pérez, desaparecido el 19 de febrero de 2023 a pocas cuadras de su casa en Coronango. Para dar seguimiento a la investigación, Blanca debe viajar más de cuatro horas hasta la sede de la Fiscalía General del Estado, con un gasto aproximado de 80 pesos en transporte público, o 500 pesos si opta por un taxi. La familia, que depende económicamente del esposo de Blanca, también fue víctima de una extorsión: entregaron 2 mil pesos a una persona que aseguraba tener información sobre el paradero de David, dinero que nunca derivó en ninguna pista real.

El reportaje documenta un patrón que se repite en distintos estados del país: familias que recurren a rifas, boteos, venta de joyería o colectas en plataformas como GoFundMe para costear los traslados, el hospedaje, las copias de expedientes y fichas de búsqueda, así como los servicios legales que, en teoría, debería garantizar el Estado. De acuerdo con la encuesta, el 42 por ciento de las familias ha organizado este tipo de actividades para reunir fondos, y el 33 por ciento ha tenido que cambiar de residencia tras la desaparición de un pariente, muchas veces por amenazas relacionadas con la propia búsqueda.

El impacto, señala la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México, Edith Olivares Ferreto, recae de manera desproporcionada en las mujeres, quienes además de encabezar las búsquedas se convierten en proveedoras y cuidadoras del hogar. La funcionaria sostiene que el Estado mexicano, al no cumplir con su obligación de buscar a las personas desaparecidas, termina orillando a las familias —y particularmente a las mujeres— a asumir ese trabajo por cuenta propia.

La investigación también documenta el deterioro en la salud física y mental de quienes buscan durante años: enfermedades como diabetes, hipertensión, cáncer y problemas óseos derivados del trabajo de campo, además de cuadros de depresión, estrés postraumático e insomnio, que rara vez son reconocidos por las autoridades como consecuencia directa de la desaparición de un familiar.

Frente a este panorama, el reportaje señala que la Ley General de Víctimas, vigente desde 2013, y el Sistema Nacional de Atención a Víctimas no han logrado traducirse en una atención integral y oportuna. De acuerdo con el informe “De la esperanza a la decepción: una década del Sistema Nacional de Víctimas”, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el sistema ha fracasado como propuesta institucional frente al aumento de víctimas en el país, entre otras razones por la falta de voluntad política y los recortes presupuestales a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Silvanna Mortera
Silvanna Mortera
Directora de Contigo Puebla y reportera de la revista de análisis político Buzos de la Noticia. Periodista y cronista cultural, Comunicación en la BUAP. Su trabajo gira en torno a la organización popular, el arte, la juventud y la lucha latinoamericana.

Publicidad

spot_img
spot_img

Últimas Noticias

spot_img
spot_img