A tres meses de la toma inesperada de la Policía Estatal del campus de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), para apoderarse de una institución privada, bajo “la impune apariencia de una normalidad que vulnera la legalidad y el Estado de Derecho”, la Fundación Mary Street Jenkins, mediante un comunicado acusó al gobernador Miguel Barbosa de pretender apropiarse de la institución y denunciaron abusos por el nuevo patronato y desacato de mandatos judiciales.
Por medio del comunicado titulado “85 días de atropello contra la UDLAP”, la Fundación Mary Street Jenkins aseguró que el mandatario local ha instruido la fabricación de varias órdenes de aprehensión sin pruebas, a través del dominio que ejerce sobre jueces estatales.
A decir de la fundación, tienen pruebas contundentes que acreditan violaciones a los Derechos Humanos a integrantes de la familia Jenkins de Landa y sus abogados, entre las que destacan:
* Tras una exhaustiva investigación, en mayo de 2018 la entonces Procuraduría
General de la República acordó el no ejercicio de la acción penal
*El Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, ha instruido la fabricación
de varias órdenes de aprehensión sin pruebas, a través del dominio que ejerce
sobre jueces estatales.
*Desde julio se ha evadido el cumplimiento de una suspensión de amparo
vigente. otorgada desde el Poder Judicial de la Federación, que obliga la
inmediata devolución del Campus de la UDLAP.
Por último, la Fundación Mary Street Jenkins dijo, mantendrá una lucha por el respeto a sus derechos y exigió al Gobierno del Estado de Puebla que desista en su intento de apropiarse de un patrimonio privado.
