La periodista Carolina Gil anunció este lunes su salida del medio MVS Noticias Puebla. A través de un video difundido en sus redes sociales, aseguró que, aunque respeta la decisión de la empresa de terminar su relación laboral, no renunciará a sus convicciones ni a su manera de ejercer el periodismo.
“Entiendo que las empresas tienen total libertad para definir las acciones y definir cuándo una relación laboral debe concluir porque afecta sus intereses. Es hoy lo que me ocurre y lo respeto”, dentro del mismo comunicado afirmó: “No voy a renunciar a lo que creo, a lo que pienso y a la forma en la que veo el periodismo”.
Aunque la comunicadora no responsabilizó directamente al alguien de su salida, sí enfatizó la responsabilidad que implica ejercer el periodismo y sostuvo que no dejará de decir la verdad ni de informar sobre lo que ocurre en este gobierno, conforme a sus convicciones. Su mensaje cobra relevancia en medio de los cuestionamientos sobre las condiciones para ejercer la libertad de expresión en Puebla, donde organizaciones defensoras de la prensa han documentado agresiones, intimidaciones y señalamientos contra periodistas durante la actual administración.
De acuerdo con el informe anual 2025 de ARTICLE 19, Puebla acumuló 39 agresiones contra la prensa durante el año pasado, cifra que colocó a la entidad como la segunda con más casos a nivel nacional. La organización identificó un ambiente hostil caracterizado por la estigmatización y las amenazas contra comunicadores, además de señalar directamente al coordinador de Gabinete estatal, José Luis García Parra, por sus discursos contra periodistas que solicitaron información sobre el uso de recursos públicos.
Por su parte, la Red Puebla de Periodistas documentó 17 agresiones durante 2025 y señaló que entre los responsables identificados había funcionarios públicos, incluidos dos señalamientos contra el gobernador Alejandro Armenta. Entre los ataques registrados se encuentran tres casos de bloqueo informativo, dos de intimidación y dos relacionados con denuncias penales utilizadas como mecanismos de amedrentamiento. En febrero de 2026, la organización también advirtió que el Congreso del Estado concentró cuatro de esos incidentes.
A este panorama se suman las denuncias por restricciones al ejercicio informativo, amenazas y hostigamiento contra comunicadores. En julio de 2026, el periodista Josué Martínez fue asesinado en San Martín Texmelucan, mientras que ARTICLE 19 también documentó amenazas y ataques verbales contra un reportero poblano y solicitó la intervención de las autoridades para garantizar su seguridad. Estos hechos mantienen abierto el debate sobre las garantías para ejercer un periodismo libre, crítico y sin represalias en Puebla.
