Circuló en plataformas digitales una versión según la cual la Auditoría Superior del Estado (ASE) habría resuelto castigar al exalcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, con una multa de 15 millones de pesos y una inhabilitación de 15 años para ocupar cualquier cargo municipal. El mismo texto asegura que Bernardo Arrubarrena García, otro de los nombres que aparecen en el expediente de la administración 2021-2023, cargaría con una sanción de 10.5 millones de pesos y una década sin poder ejercer como servidor público.
A través de un comunicado titulado “La verdad es la mejor defensa”, el exalcalde Eduardo Rivera Pérez confirmó que ha recibido una resolución “NO definitiva” por parte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, en la que se le señala por un supuesto abuso de funciones que, según sus palabras, “NO fue acreditado” y no hay ninguna acción que se le pueda atribuir. Aunque aclaró que no se le acusa de un mal manejo de recursos públicos, denunció que el objetivo de dicha determinación es claro: “quieren multarme e inhabilitarme INJUSTAMENTE”.
El exedil calificó como “preocupante” la coincidencia de que esta determinación llegue precisamente al inicio del proceso electoral de 2027, por lo que consideró legítimo cuestionar sus implicaciones políticas; asimismo, enmarcó esta acusación como parte de un “ATAQUE sistemático” en su contra que se suma a la actuación de la Contraloría Municipal del mes de mayo. Rivera adelantó que la resolución será impugnada ante las instancias correspondientes y sentenció: “Atenderé estos señalamientos con pruebas y de frente; exigiendo un proceso justo, imparcial y apegado a derecho. DEFENDERÉ MI NOMBRE, MI HONOR Y MIS DERECHOS HASTA LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS”.
El rumor y la posterior respuesta del exalcalde se insertan en un entramado de revisiones que la propia ASE realiza sobre las cuentas públicas del Ayuntamiento de Puebla de los años 2021, 2022 y 2023, además de las que corresponden a la gestión de Adán Domínguez Sánchez. El hilo más visible es el informe de mayo de 2025 sobre la Cuenta Pública 2023, que detectó un probable daño patrimonial de 261.2 millones de pesos y 58 observaciones. De ellas, 13 fueron aclaradas, seis terminaron en recomendaciones, 26 en solicitudes de aclaración y 15 en pliegos de observaciones, la antesala de posibles responsabilidades administrativas o financieras.
Los señalamientos concretos tienen que ver con contratos de servicios mal integrados, trabajos que no quedaron documentados y pagos sin respaldo suficiente. Rivera Pérez ha sostenido que no se trata de irregularidades definitivas y que su administración tiene papeles para solventar cada observación. Esa discusión, sin embargo, es distinta a la de una inhabilitación de 15 años, figura que solo puede imponerse mediante un procedimiento resuelto y notificado, no a través de una publicación en redes.
El asunto también tiene una arista federal. En septiembre de 2025, la diputada Nora Merino Escamilla advirtió que el exalcalde no había atendido en tiempo observaciones de la Cuenta Pública 2023. Luego, en febrero de 2026, los reportes de fiscalización mostraron que los gobiernos de Rivera y Domínguez sumaban 313.3 millones de pesos observados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF): 118.4 millones pendientes de justificar y 194.9 millones ya solventados. En septiembre de 2026 se anunció además una revisión federal a las obras de rehabilitación de la avenida Juárez, ejecutadas durante el gobierno de Rivera, a partir de una denuncia de Merino.
