La renuncia de Olga Lucía Romero a la presidencia de Morena en Puebla destapó un patrón de nepotismo que el partido debe explicar con urgencia.
La presidenta saliente tenía en la nómina a sus futuras nueras; la secretaria general en funciones, Guadalupe Siyancán, a su medio hermano; el secretario de Movimientos Sociales, Carlos Hernández, a su esposa y a su hermano; y el coordinador de delegados, Pablo Salazar, a su hermano y a ocho colaboradores que ni siquiera aparecen en los registros oficiales.
Hablamos de una red de parientes cobrando sueldos que van de los 9 a los 16 mil pesos quincenales.
Para un movimiento que hizo del combate a la corrupción y a los privilegios su bandera principal, esto es una bofetada a sus propios militantes y a la gente que creyó en la Cuarta Transformación. Si de verdad se pregona la austeridad y la meritocracia, Morena debe aclarar quién autorizó cada alta, qué trabajo justifica cada sueldo y si hay perfiles reales que respalden esas contrataciones.
