En Jalisco, a unos metros del estadio Akron, las autoridades exhumaron 456 bolsas con restos humanos. Equivalían a 62 cuerpos. El hallazgo ocurrió meses antes de que el país empiece a preparar el Mundial de 2026. Un Estado que se alista para ser mirado por el mundo cargó durante años con un cementerio a la vista de todos y no lo vio hasta que alguien más lo señaló.
Ese episodio explica mejor que cualquier discurso la distancia entre las 32 fosas que la FGR reconoció en 2025 y las 651 que reportaron las fiscalías estatales. La federación no puede alegar ignorancia cuando sus propias áreas locales documentan veinte veces más. Su conteo tiene un uso político preciso. Le permite sostener el discurso de que hay una estrategia en marcha sin pagar el costo de admitir la escala real del desastre. Un registro que reduce el horror a una cifra mínima sirve para gobernar tranquilo, no para encontrar a nadie.
La opacidad no es un accidente administrativo. Baja California reservó los datos por cinco años. Coahuila pidió prórroga y después guardó silencio. Tamaulipas prometió registros y no adjuntó nada. La Ciudad de México admitió que hay fosas y alegó no tener el nivel de desagregación. La desaparición del INAI y el reparto de sus funciones dieron coartada a fiscalías que responden con reservas, enlaces rotos o silencios administrativos. Cada una de esas respuestas tiene el mismo efecto. Deja a las familias sin el mapa que necesitan para buscar.
El abandono llega hasta los cuerpos. De 833 recuperados en fosas, 287 quedaron sin información sobre el sexo. En Michoacán, 98 de 99 restos humanos reportados carecían de ese dato. Un registro así no sirve para identificar, y sin identificación no hay investigación, no hay responsable, no hay reparación. El Estado levanta el cuerpo, lo anota como bulto y entrega el problema a quien tenga pala. La contabilidad oficial termina justo donde empieza la búsqueda de las madres.
En Puebla, la fiscalía reportó cuatro fosas sin municipio. La prensa documentó cinco. La opacidad local repite el patrón federal con cifras sueltas, sin nombres, sin expedientes y sin responsables. Un registro que no sabe dónde están las fosas no puede guiar una búsqueda. Es ficción burocrática con sello oficial. Cuando el periodismo encuentra más que la autoridad, lo que falla es la institución entera, no el dato.
Las madres buscadoras necesitan que el registro sirva para encontrar a sus hijos. Hoy el gobierno federal presume una cifra que las fiscalías estatales multiplican por veinte, y esa diferencia funciona como una política de contención del relato que cuenta poco para que el país no se vea tan roto. Mientras tanto, los colectivos siguen cavando en carreteras y predios que el Estado debió revisar hace años. La cifra oficial no mide el tamaño de la tragedia. Mide el tamaño del silencio que se decidió sostener.