Antes de pagar una consulta, comprar ropa, estudiar o siquiera pensar en esparcimiento, los hogares poblanos ya gastaron 53.7 por ciento de su presupuesto corriente en comer y moverse.
La ENG 2025 del Inegi revela que, de los 53 mil 648 pesos que en promedio gastaron los hogares poblanos durante un trimestre, 18 mil 583 se fueron en alimentos, bebidas y tabaco y otros 10 mil 262 en transporte, vehículos y comunicaciones.
No es que los poblanos tengan extrañas prioridades de consumo. Comer y llegar al trabajo son gastos de los que simplemente no pueden escapar. Después viene todo lo demás: apenas 5.6 por ciento para salud, 6.3 para vivienda y electricidad y 5.4 para vestido y calzado.
Y ahí está una fotografía bastante menos optimista de la economía familiar: más de la mitad del dinero cotidiano desaparece antes de empezar a decidir realmente en qué gastarlo.
Por eso cuando desde el gobierno se presume crecimiento, inversiones o grandes proyectos, convendría mirar también la otra economía: la de las familias que primero tienen que asegurar el plato y el pasaje y después averiguar qué alcanza para lo demás.
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Mayra Daniela pasó varios días detenida y enfrentó una acusación por homicidio calificado después de que su pareja murió por una herida que ella le provocó mientras intentaba defenderse.
Este fin de semana un juez revisó los antecedentes de violencia familiar, las lesiones que presentaba Mayra y los datos sobre la agresión del 25 de septiembre —incluido que Víctor Manuel habría intentado arrojarla desde un balcón— y determinó que actuó en legítima defensa. Dictó la no vinculación a proceso y ordenó su libertad.
Qué bueno que salió.
Pero sería demasiado cómodo contar la historia únicamente como un triunfo de la justicia. Mayra primero fue detenida, llevada ante un juez y obligada a demostrar que no era una homicida sino una mujer que estaba tratando de seguir viva.
Su familia había denunciado desde días antes que sufría violencia, que aquella noche presentaba golpes en el rostro y que durante la agresión trató de ponerse a salvo. También aseguró que la ambulancia solicitada para Víctor Manuel tardó cerca de tres horas.
La perspectiva de género funcionó cuando el juez analizó el caso. Ahora falta revisar algo más incómodo: por qué una mujer que se defendió de una agresión que ponía en riesgo su vida terminó pasando primero por una celda.