El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, “celebrará” su primer trienio de mandato con tres ediles morenistas, con severos problemas de justicia e interdicción pública.
Karen Santos
El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, “celebrará” su primer trienio de mandato con tres ediles morenistas, con severos problemas de justicia e interdicción pública: el de Tehuacán está en la cárcel por corrupto; el de Ajalpan es buscado por presuntos nexos con el crimen organizado y el de Coyomeapan enfrenta el rechazo mayoritario de la población.
Cuando Barbosa Huerta y Felipe Patjane compartieron en Tehuacán un mitin de campaña política del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), éste declaró, ante miles de acarreados, que entre él y el próximo gobernador del estado había una amistad y unidad muy estrechas; lo llamó su “padre político” y prometió que juntos harían que “Tehuacán renaciera”.
Cuando Barbosa se había instalado ya en la Casa Aguayo y los escándalos de corrupción de Patjane lo habían colocado al borde de la defenestración, el gobernador debió reconocer que su paisano de Tehuacán se había vuelto “un servidor público incontrolable, desmedido”, para quien pronto se conoció su destino, la cárcel, donde se halla desde el 16 de noviembre de 2020, detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (CDMX) cuando, supuestamente, se disponía a volar a Cuernavaca para casarse con su exdirectora de Turismo, aunque algunas versiones afirman que en realidad iba a viajar a Estados Unidos.
En 2019, Barbosa encontró en el edil de Ajalpan, Ignacio Salvador Hernández, un aliado político pese a que éste había llegado a dicha alcaldía como militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI); pero una vez iniciada la campaña extraordinaria por la gubernatura, cambió el tricolor por el guinda y se sumó a su candidatura. Poco después, ya despachando en Palacio de Gobierno, el morenista lamentó “haber tratado con delincuentes”.
En Coyomeapan, el problema “morenista” de Barbosa no deriva de una interdicción judicial, sino de un gran estallido social y político por el resultado de la elección municipal del pasado seis de junio, ya que la población afirma que el actual edil David Celestino Rosas heredó la presidencia municipal a su cuñado Rodolfo García López, quien está casado con la diputada federal electa Araceli Celestino Rosas.
García López llegó a la alcaldía de dicho municipio con las banderas de los partidos del Trabajo (PT) y Pacto Social de Integración (PSI), pero principalmente por el apoyo político de los hermanos Celestino Rosas quienes, desde hace más de 10 años, gobiernan Coyomeapan.
Ingobernabilidad en Tehuacán
Tehuacán es uno de los municipios más importantes, económicamente, de Puebla debido a su industria textil y avícola; pero a raíz del triunfo de Felipe de Jesús Patjane Martínez en la elección municipal de 2018, muy pronto comenzaron sus problemas en la administración del erario. En solo un año se quedó sin dinero para pagar los servicios eléctricos y de recolección de basura.
¿La causa? Su relación sentimental con Paulina Vargas Sobrado, la directora de Turismo de su administración, a quien asignó un salario de 60 mil 72 pesos mensuales. Ese mismo ingreso recibieron los regidores morenistas, pero ése no fue el caso de los opositores. Los aumentos salariales provocaron serios problemas financieros al ayuntamiento y acabaron por hundir al alcalde desde su primer año de gobierno.
El 15 de octubre de 2019, Barbosa Huerta lo reprendió públicamente por haber poblado “el Ayuntamiento de panistas y priistas” y por llevar a Tehuacán a la quiebra. “Este Ayuntamiento está quebrado, el gobierno tiene que entrar a salvarlo, pero lo vamos a hacer por Tehuacán; vamos a salvar y limpiar Tehuacán (…) pasaron cosas que no debieron haber ocurrido (…) Aún hay tiempo para corregirlas”, advirtió el mandatario estatal.
La limpia de Barbosa a Tehuacán no tardó ni un mes: A finales de octubre, Patjane tenía tramitado un amparo para evitar ser detenido por el proceso penal que se le promovió por el desvío de 120 millones de pesos (mdp). Días después, los regidores de Tehuacán solicitaron al Congreso del Estado su revocación de mandato, justo cuando andaba en planes de boda con su exdirectora de Turismo, que no se concretó porque fue detenido en la CDMX.
El municipio de Tehuacán estuvo un año sin gobierno debido a los pleitos para definir al presidente suplente. Fue hasta el 26 de junio de 2020, gracias a la orden del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), cuando se designó a Andrés Artemio Caballero López, quien milita en el Partido Encuentro Social (PES) y es sobrino político del gobernador Miguel Barbosa.
En julio pasado, Caballero tuvo una aprobación ciudadana de apenas el 23.8 por ciento, que lo situó en el puesto número 94 de 100 alcaldes evaluados por Consulta Mitofsky. El mismo edil está consciente de que la “administración completa deja mucho qué desear… Tuvimos una gran oportunidad de haber hecho grandes cosas en Tehuacán, no se dieron así, nosotros entramos en la recta final del trienio; pudo haber sido de otra manera, jamás se había vivido una incertidumbre política así; pero nosotros hicimos nuestra parte”.
Barbosa Huerta asegura que buscará recuperar al municipio: “No es posible que Tehuacán haya llegado a tanto deterioro. Me lo explico de manera muy sencilla: quienes estaban al frente o los que han estado al frente, que están por salir del Ayuntamiento, no tuvieron idea de cómo hacer las cosas; pero vamos a recuperar el tiempo perdido juntos”.
Tehuacán tendrá, en los próximos tres años, a otro morenista: Pedro Tepole Hernández, empresario que antes fue presidente del municipio de Nicolás Bravo en el periodo 2005-2008 y en 2018 compitió por Tehuacán por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
El edil narco de Ajalpan
Ignacio Salvador Hernández era conocido, en la Sierra Negra, como uno de los dueños de muchas concesiones de transporte en esa región, y porque fue uno de los operadores políticos con más poder del exgobernador Rafael Moreno Valle. Ya había sido alcalde de Ajalpan y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados hizo observaciones por más de 23 millones a sus ejercicios fiscales de 2008, 2010 y 2011, por las que tuvo que reintegrar recursos a la Federación.
En ese periodo gubernamental fue duramente criticado porque ganaba 103 mil 733.11 pesos, y gastó 681 mil 924.67 pesos mensuales en salarios de regidores y el síndico municipal, cifras de gasto que contrastaban notoriamente con la pobreza en que vive el 50 por ciento de la población.
En marzo de 2020 fue denunciado por tener vínculos con el crimen organizado, específicamente con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) luego de que un video exhibió imágenes en las que policías de Ajalpan permiten, a presuntos integrantes de esta organización delictiva que secuestren a una persona.
A raíz de esta denuncia, el Estado ordenó el cateo de sus propiedades; se giró una orden de aprehensión; pidió licencia como alcalde y huyó; pero no sin antes instalar a su hijo en calidad de suplente, quien a la semana se ausentó porque también era buscado por la Fiscalía General del Estado (FGE). Sin embargo, el Ayuntamiento sigue en manos del alcalde y lo ayudó a rendir su segundo Informe de Gobierno vía redes sociales, con el pretexto de protección contra el Covid-19.
En el video puede observarse a Salvador Hernández en un lugar solitario y no identificable, desde el cual el alcalde prófugo manda un saludo al gobernador Barbosa Huerta y le dice: “estamos trabajando juntos”. También señala que los habitantes de Ajalpan son “testigos de que es su amigo, que es muy trabajador, un serrano, un indígena. Precisamente, todos ustedes me conocen, no puedo bien hablar el español y no puedo bien escribir, pero somos trabajadores y estamos cumpliendo”.
En junio pasado, Juan Guzmán Ruiz, secretario del Ayuntamiento de Ajalpan, aseguró que las diferentes áreas de la comuna alistan la documentación oficial para entregarla a la siguiente administración, que estará a cargo de Sergio Sandoval Paniagua.
Genoveva Huerta, dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), aseveró que Hernández no milita en su partido, y que accedió a la alcaldía de Ajalpan como candidato común de Compromiso por Puebla y el PSI. Reveló que quien debería responder por el alcalde prófugo es Barbosa Huerta; pues lo apoyó en 2019, incluso hay fotografías en las que ambos aparecen en un presídium y que evidencian que eran muy buenos amigos, pese a que ahora el gobernador se empeña en llamarlo “canijo sinvergüenza”.
Crece conflicto en Coyomeapan
Los Celestino Rosas han gobernado Coyomeapan más de 10 años. El periodo 2011-2014 estuvo a cargo de David, quien pasó la estafeta a su hermana Araceli para el 2014-2017, quien le regresó el cargo al propio David para otro trienio más. Ahora, para ocultar su cacicazgo, los hermanos Celestino Rosas postularon a Rodolfo García López, con los colores del PT y PSI. Pero García López es esposo de Araceli quien, en junio pasado, logró la diputación federal por el distrito de Tehuacán con la postulación de la coalición Juntos Haremos Historia.
En Coyomeapan, según el Informe Anual de la Comisión Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), en 2020, el 93.9 por ciento de la población se encontraba en la pobreza; el 43.6 en pobreza moderada y el 50.3 en pobreza extrema. Estos datos ubican a Coyomeapan como uno de los municipios más pobres y de mayor rezago social en Puebla.
Esta situación fue la que llevó a buena parte del pueblo a deducir que gran parte de sus problemas tienen como consecuencia el cacicazgo de los hermanos Celestino Rosas; y mediante la organización de asambleas comunitarias decidieron impulsar como candidato a Guillermo Abasolo Romaña, quien fue postulado por el PRI y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
El resultado, con el 100 por ciento de las actas computadas emitidas por el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) reportó que Rodolfo García obtuvo tres mil 955 votos; y Abasolo, tres mil 856, diferencia de solo 99 votos que, en los habitantes de Coyomeapan, generó la sospecha de un fraude orquestado por García López y los hermanos Celestino.
Entre las irregularidades cometidas por éstos, resaltan amenazas de violencia y la compra de votos antes y durante la jornada de votación del seis de junio. Un día después, el pueblo tomó las instalaciones del Consejo Municipal del Instituto Nacional Electoral (INE); pero el esposo de Araceli Celestino recibió su constancia de mayoría que lo acredita como presidente electo.
Después de la organización de un mitin frente al Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla y el Congreso del estado el lunes 28 de junio, la protesta llegó a Palacio Nacional. Los inconformes pidieron una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con las consignas de: “Rodolfo no ganaste, solo las elecciones compraste” y “la voluntad del pueblo no se vende ni se compra”, pero no lograron ninguna respuesta.
Cansados por la indiferencia de las autoridades, el 24 de agosto tomaron el Palacio Municipal, así como otros edificios del Ayuntamiento, entre ellos el Auditorio Municipal e instalaron un filtro en la entrada de la población para evitar el ingreso de personas ajenas a la comunidad. Aseguraron que no entregarían ningún inmueble hasta que la elección fuera anulada.
El 1° de septiembre, los habitantes exigieron la intervención del gobierno estatal para solucionar el conflicto poselectoral, y que el actual alcalde David Celestino Rosas entregue de inmediato las participaciones federales que adeuda desde hace meses a las juntas auxiliares y comunidades del municipio; además de que se le realice una auditoría, pues hay muchas obras inconclusas y caminos abandonados.
También revelaron que temían por su seguridad y sus vidas debido a los habituales procedimientos de violencia física de Los Celestinos, quienes habrían realizado una serie de denuncias ante la FGE contra los principales representantes de los inconformes. Y precisamente esto ocurrió pocos días después.
Con el pretexto de instalar una mesa de diálogo con el Secretario de Gobierno del estado, Anastasio González Sanginez, Eruviel Aguilar Gómez y Basilisa Montaño Gutiérrez, miembros del movimiento Unidad por Coyomeapan, fueron detenidos en el Centro Integral de Servicios (CIS), de Ajalpan. Los pobladores denunciaron que las autoridades municipales de Ajalpan, en contubernio con el gobierno estatal, vía la FGE, les fabricaron, a los tres dirigentes, los delitos de robo agravado, despojo y ataques a funcionarios públicos.
En una manifestación frente a las oficinas de la FGE en Tehuacán, Sergio Pérez informó que se trata de “represión política del gobierno que quiere intimidarnos para desistir de nuestra lucha para evitar que el 15 de octubre asuma el cargo Rodolfo García”; pero advirtió que tales actitudes no los intimidan y expresó con énfasis: “seguiremos en lucha, y ahora agregamos otra demanda: ¡libertad a los presos políticos!”.
Por su parte, el gobernador Miguel Barbosa indicó que los detenidos han cometido “hechos gravísimos… Todos vieron cómo tomaron e incendiaron la presidencia, quemaron material electoral, retuvieron autoridades y ahora dicen que los hechos no fueron así. Lamento esto”, reconoció. El gobernador acreditó estas acciones al Movimiento Antorchista Nacional (MAN) en esa zona. “Sí Antorcha Campesina está ahí metiendo mano, Antorcha Campesina es una organización delincuente, se dedica a eso, delincuente, eso es Antorcha Campesina”.
Más tarde, estas aseveraciones fueron secundadas por la propia Araceli Celestino, quien afirmó: “los acontecimientos registrados en Coyomeapan son orquestados por Antorcha Campesina y por el líder del Movimiento de Autogestión Social, Campesino, Indígena y Popular (MASCIP), José Luis Leyva Machuca”.
El mandatario estatal instó a los habitantes a que denuncien el cacicazgo como un delito, a sabiendas de que no es algo que esté tipificado como tal. Con respecto a este asunto, Edith Villa Trujillo, líder del MAN en la región, aclaró a buzos que su organización no es cabeza del movimiento inconforme en Coyomeapan y explicó que este municipio, “como la mayoría de los de la Sierra Negra, tiene a más del 85 por ciento de su población en pobreza. Esta situación, de mucha marginación por ser un municipio indígena, y el problema es que la gente está ya muy fastidiada, ya no aguanta, está muy inconforme con quienes han venido gobernando desde hace 11 años. Si el pueblo de por sí está marginado, y luego no se le atienden sus demandas, eso da pie a que se forme un grupo de unidad para sacar al cacicazgo…
“Lo que hace ahora Miguel Barbosa, con sus declaraciones, lo que ha estado haciendo es aceptar que en Coyomeapan se ha venido gobernando a través de un cacicazgo, se vio una actitud cínica por parte del gobernador, prácticamente defendiendo no a los indígenas atrasados y marginados que ahora están levantando la cabeza, sino al cacicazgo que tiene ya 11 años gobernando”, aseveró.
En cuanto al calificativo de “delincuentes”, Villa Trujillo afirmó que, en todo caso, Barbosa Huerta debe aportar las pruebas de ello, pues desde que asumió la gubernatura ha buscado la manera de calumniarlos. Además, pidió “que no se justifique en Antorcha para apoyar al cacicazgo de la Sierra; es cierto que no es un delito estipulado; pero ése es un problema social que ha sumido a la Sierra Negra en el atraso, en la marginación. Él debería contribuir a que eso se acabe y haya paz en la Sierra, conoce la zona, él es de aquí, debería ver como un reto el sacar adelante el distrito”.
Por otra parte, la diputada federal por el Distrito 4, con cabecera en Ajalpan, la morenista Inés Parra Juárez, manifestó que estará brindando todo el apoyo legal que se requiera, debido a que el gobierno estatal utiliza las instituciones para reprimir al movimiento social de Coyomeapan. Asimismo, sentenció: “el cacique mayor de Puebla es Barbosa. Él apoya las acciones represoras y caciquiles en Coyomeapan”. Al gobierno de Barbosa Huerta aún le quedan tres años de gestión, en los que podría cambiar la situación de su región, pero antes debe evitar aliarse con los caciques.
