Siete alcaldes y exalcaldes poblanos permanecen tras las rejas. Los delitos por los que son investigados van desde abuso de autoridad y corrupción hasta acusaciones de violación, secuestro, extorsión y robo de transporte. Son personajes a quienes los partidos entregaron una candidatura y los ciudadanos, después, el gobierno de sus municipios.
Sería cómodo convertir el asunto en munición partidista, pero los propios números estorban: cuatro llegaron al poder postulados por Movimiento Ciudadano y tres por Morena o sus alianzas. Cambian los colores, pero permanece la pregunta: ¿qué filtros utilizaron esos partidos antes de ponerlos en una boleta?
El caso de los hermanos González Vieyra resulta todavía más llamativo. Ramiro, Uruviel y Giovanni gobernaron tres municipios distintos y los tres terminaron enfrentando procesos penales. Más allá de las responsabilidades individuales que deberán determinar los tribunales, que tres integrantes de una misma familia hayan alcanzado tres presidencias municipales obliga también a mirar las redes políticas que hicieron posibles esas candidaturas.
Porque detener a un alcalde cuando existen elementos para investigarlo es tarea de las instituciones de justicia. La tarea pendiente de la política es explicar cómo llegaron hasta el poder. Si siete presidentes y expresidentes municipales terminan encarcelados y otro permanece prófugo, Puebla tiene un problema serio que comienza incluso antes de una orden de aprehensión: cuando los partidos deciden a quiénes convierten en candidatos.
