La confirmación del asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez exhibe una vez más que ejercer el periodismo sigue siendo una actividad de alto riesgo.
Aunque la Fiscalía de Veracruz informó la detención de ocho presuntos responsables —entre ellos cuatro policías municipales señalados por su probable participación y apoyo a un grupo delictivo—, ninguna detención devolverá la vida de una comunicadora cuyo único «delito» fue informar.
Las cifras son alarmantes. De acuerdo con Artículo 19, México se mantiene como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo y, tan solo en 2024, documentó 639 agresiones contra la prensa, un promedio de una cada 14 horas. A ello se suma la impunidad, que en los delitos contra periodistas supera el 90 por ciento, permitiendo que la violencia se repita una y otra vez.
Cada periodista asesinado representa una voz menos para la sociedad y un golpe directo al derecho de los ciudadanos a estar informados. La justicia no puede limitarse a detener responsables después del crimen; la verdadera deuda del Estado es garantizar que ningún periodista tenga que jugarse la vida por cumplir con su labor. Defender la libertad de expresión es defender la democracia misma.