Hay municipios donde todos saben quién manda, quién amenaza, quién se queda con las obras, quién despoja tierras o quién utiliza el poder para beneficio propio. Todos lo saben. Se comenta en las calles, en los mercados, en las reuniones familiares. Lo saben incluso las autoridades.
Pero nadie lo publica.
No porque no exista información. No porque falten testimonios. No porque los hechos sean falsos. No se publica porque existe miedo.
Esa es una de las consecuencias más graves de la violencia contra la prensa en México: no sólo silencia periodistas; también condena al silencio a comunidades enteras.
Durante años, los grandes reflectores se han concentrado en los asesinatos y desapariciones de comunicadores. Es correcto hacerlo. Cada caso representa una tragedia humana y una agresión contra la libertad de expresión. Pero pocas veces nos detenemos a pensar en lo que ocurre después.
Después viene el vacío.
La nota que ya no se escribe. La denuncia que ya no aparece en ningún medio. La conferencia de prensa que nadie cubre. El abuso de autoridad que deja de documentarse. La historia que se pierde porque quien estaba dispuesto a contarla ya no está.
En muchas regiones del país el periodista local cumple una función que ningún funcionario puede sustituir. Es quien escucha a los campesinos cuando les quitan sus tierras, quien acompaña a las madres que buscan a sus desaparecidos, quien documenta conflictos que difícilmente llegarán a la agenda nacional.
Por eso, cuando desaparece una de esas voces, no sólo pierde una familia. Pierde una comunidad.
Y lo más preocupante es que nos estamos acostumbrando.
Nos acostumbramos a que haya zonas donde nadie investigue al poder. Nos acostumbramos a que ciertos temas se vuelvan intocables. Nos acostumbramos a que algunas historias simplemente desaparezcan.
La violencia contra periodistas no sólo mata personas; también mata preguntas.
