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Congreso inicia análisis para destituir a alcaldesa de Acatlán; ordenan auditoría al ayuntamiento

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Silvanna Mortera

El Congreso del Estado recibió formalmente la solicitud de revocación de mandato contra la presidenta municipal de Acatlán de Osorio, Guadalupe Lucero Bárcenas, por lo que los diputados comenzarán el análisis del caso mientras se realiza una auditoría extraordinaria a las finanzas del ayuntamiento.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Pavel Gaspar Ramírez, informó que el documento fue entregado por integrantes del Cabildo y será presentado ante el Pleno el próximo 25 de junio para su posterior turno a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

El legislador explicó que, una vez iniciado el procedimiento, los diputados revisarán los argumentos y elementos presentados por los promoventes para determinar si existen condiciones para avanzar en el proceso de revocación.

Revisarán manejo de recursos públicos

De manera paralela, el Congreso ordenó una auditoría extraordinaria al Ayuntamiento de Acatlán de Osorio con el objetivo de detectar posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos.

Pavel Gaspar adelantó que, en caso de encontrarse anomalías, podrían llamar a comparecer a funcionarios municipales e incluso a la propia presidenta municipal para que expliquen las observaciones detectadas.

La revisión financiera se suma al conflicto político que desde hace semanas enfrenta la administración municipal, luego de que integrantes del Cabildo impulsaran la solicitud para remover a Guadalupe Lucero Bárcenas del cargo.

Esperarán investigaciones de otras autoridades

Por su parte, el director Jurídico del Congreso, Jesús Juárez Lezama, señaló que el análisis legislativo también tomará en cuenta las investigaciones que realizan otras instancias.

Indicó que los diputados esperarán información de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH), con el propósito de conocer si existen procedimientos administrativos, observaciones financieras o investigaciones penales relacionadas con el caso.

Aunque el procedimiento ya fue admitido, las autoridades legislativas evitaron fijar un plazo para resolver la solicitud de revocación, al considerar que dependerá de los resultados de las investigaciones y de la documentación que se integre al expediente.

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