En política existen señales que permiten medir la salud de un gobierno. Una de ellas es la capacidad para resolver los problemas cotidianos de la población. Otra, quizá más importante, es la capacidad para mantener la gobernabilidad dentro de la propia administración. Cuando ambas comienzan a fallar al mismo tiempo, estamos frente a una crisis que trasciende las diferencias políticas y afecta directamente a los ciudadanos.
Eso es precisamente lo que ocurre hoy en Acatlán de Osorio.
En cuestión de días, el municipio ha sido escenario de dos acontecimientos que reflejan una profunda descomposición institucional. Por un lado, trabajadores del servicio de limpia suspendieron labores para denunciar carencias operativas, falta de equipamiento y condiciones laborales deficientes. Por otro, la mayoría de los integrantes del cabildo aprobó solicitar al Congreso del Estado la destitución de la presidenta municipal Guadalupe Bárcenas.
Es cierto que el paro de los trabajadores fue resuelto mediante el diálogo y que las actividades se restablecieron. Sin embargo, el conflicto dejó al descubierto problemas que no surgieron de la noche a la mañana. La falta de unidades suficientes para la recolección de basura, el deterioro de los vehículos y las inconformidades laborales son síntomas de una administración que enfrenta dificultades para atender servicios públicos básicos.
Más preocupante aún resulta la fractura política dentro del propio ayuntamiento. Que ocho regidores hayan votado a favor de solicitar la destitución de la alcaldesa no puede interpretarse como una simple diferencia de opiniones. Se trata de una mayoría contundente que acusa presuntas irregularidades administrativas, falta de transparencia y decisiones que han generado malestar entre diversos sectores de la población.
Por supuesto, toda acusación debe investigarse y nadie puede ser condenado sin pruebas. La alcaldesa tiene derecho a defenderse, a presentar la documentación correspondiente y a demostrar que las acusaciones carecen de sustento. El Congreso del Estado deberá actuar con responsabilidad y apego a la ley, evitando convertir este conflicto en un espectáculo político.
Pero incluso si las acusaciones terminaran por no prosperar, el daño político ya está hecho. Un gobierno cuyos propios regidores buscan remover a su presidenta municipal es un gobierno que ha perdido cohesión, capacidad de interlocución y autoridad política.
Los ciudadanos de Acatlán no eligieron a sus autoridades para presenciar disputas internas, sesiones confrontadas o guerras de declaraciones. Las eligieron para resolver problemas de seguridad, servicios públicos, desarrollo económico y bienestar social.
Mientras la energía del gobierno se consume en conflictos internos, las necesidades de la población siguen acumulándose.
La situación también debe servir como reflexión para todos los ayuntamientos poblanos.
Gobernar no consiste únicamente en ganar una elección. Implica construir acuerdos, administrar recursos con transparencia, escuchar a los trabajadores, atender a la ciudadanía y mantener la confianza de quienes integran el propio gobierno.
Hoy Acatlán enfrenta una crisis política que amenaza con convertirse en una crisis de gobernabilidad. El desenlace corresponderá determinarlo a las instituciones competentes.